Gustavo Corregido llevó su caso a la representación en la provincia del Ministerio de Justicia de la Nación, denunciando la demora en la puesta en funcionamiento del Instituto creado por la reforma Constitucional de 1994, pese a que fue electo por la Legislatura en julio del año pasado.

Corregido, se entrevistó con Sebastián Sánchez, coordinador del Centro de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que funciona en la ciudad de Resistencia.

El designado defensor le entregó una nota a Sánchez, del mismo tenor de la acción de amparo presentada ante la Justicia provincial, que mereció la resolución del juez civil y comercial Julián Flores, el dictado de una medida cautelar por la que se intima a los diputados y al Poder Ejecutivo a que arbitren los medios necesarios para que la Defensoría del Pueblo comience a funcionar.