Estamos casi bien…”, dice Ariel Francone, jefe de obra de la UTE a cargo de la construcción, cuando se lo consulta sobre la marcha de las reparaciones que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Corredor Vial Central para evitar accidentes luego de que el propio tribunal paralizara el 31 de octubre del año pasado los trabajos debido a una medida cautelar interpuesta por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adifse).

El organismo estatal que controla los bienes que pertenecían a los trenes no quiere ceder los terrenos del inactivo ferrocarril San Martín a la provincia a pesar de no darles ninguna utilidad y dejar que se acumulara basura y abandono durante 20 años. Cuando la Corte decidió frenar el avance que San Luis llevaba adelante a buen ritmo, el esqueleto del Corredor Vial, con muchos tramos todavía de tierra y con paredones sin afirmar, pasó a ser un peligro para la seguridad de las personas y los bienes. Sobre todo en lo que respecta a los desagües pluviales que quedaron abiertos, justo cuando comenzaba la época de lluvias fuertes en la zona.

Luego del impacto inicial que significó la paralización, tanto para la provincia como para la UTE que componen Alquimaq, Green, Alfa & Omega y San Luis Sapem, la situación comenzó a normalizarse y, poco a poco, las empresas emprendieron los trabajos ordenados a la espera de un fallo judicial de fondo que salde la cuestión.

No resultó sencillo ya que la UTE había retirado y derivado a otros emprendimientos buena parte del personal y la maquinaria en el momento de la suspensión.