El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió la ejecución de las obras del Corredor Vial Central no sólo detuvo una de las apuestas fuertes del Gobierno y la Municipalidad para transformar la geografía de la capital puntana sino también puso en peligro alrededor de 500 fuentes de trabajo que dependen directa o indirectamente del proyecto. La pulseada que se desató con la Nación por los terrenos de la vieja traza del ferrocarril General San Martín, que durante más de 20 años estuvieron abandonados por las sucesivas administraciones que pasaron por la Casa Rosada, puso en vilo la seguridad económica de muchos operarios y sus familias, con un impacto social muy fuerte en una Provincia acostumbrada a la ocupación casi plena en las últimas décadas.

Si bien la situación puede normalizarse a la brevedad, ya que habrá una audiencia de conciliación el próximo jueves, mientras tanto reina la incertidumbre en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de llevar adelante la obra. Hoy no se ven obreros trabajando ni maquinaria en movimiento porque el Gobierno provincial se vio obligado a promulgar un decreto para cumplir con lo dispuesto por la Corte. En las oficinas centrales de la UTE que componen Green SA., Alquimaq SRL., Alfa y Omega Ingeniería y Construcciones SRL. y San Luis Sapem, en la calle La Pampa justo detrás del Parque de las Naciones, crece la inquietud.

Un par de empleados están a cargo del papelerío lógico de toda obra y Ariel Francone, jefe de obra, atiende un llamado detrás del otro mientras recibe a El Diario de la República para conversar sobre la situación actual del Corredor Vial.“La obra está parada completamente. Nos avisaron por teléfono de la decisión de la Corte Suprema y entonces procedimos en dos etapas. Primero redujimos la cantidad de maquinaria y cada empresa se la llevó para sus depósitos y dejamos algunos operarios para seguir cerrando los canales. Luego tuvimos que cortar con toda la actividad. Igual es bueno aclarar que la obra está suspendida, no rescindida, los contratos están vigentes”, explica Francone, un ingeniero santafesino que llegó a San Luis este año luego de pasar nueve de trabajo en Chile.