Por Jairo Straccia

Rafael Correa o Chevron. El presidente de Ecuador o el socio extranjero que consiguió la YPF nacional y popular. Dos aliados del Gobierno pugnan por convencer a la presidenta Cristina Kirchner de que influya para definir en su favor un conflicto que conmueve el mundo de los negocios: el futuro del embargo sobre los bienes de la firma norteamericana en el país como consecuencia de una sentencia por contaminación en Ecuador que la obliga a pagar un resarcimiento a indígenas por US$ 19 mil millones.

No más allá de la segunda semana de febrero, se espera que la Cámara de Apelaciones en el fuero civil se expida sobre qué pasará con el congelamiento del 40% de los depósitos e ingresos futuros de la empresa. La resolución es crucial para la gestión que encabeza Miguel Galuccio en la petrolera expropiada, porque ató al levantamiento del embargo un programa de inversiones de Chevron en el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén. “Es un tema privado de Chevron e YPF no tiene nada que ver”, remarcaron de todas maneras en la compañía.

Pero también se trata de una decisión clave para el vínculo de la Casa Rosada con el jefe de Estado ecuatoriano, a quien la compañía culpa por el fallo. Tras veinte años de investigación, se dictaminó que Texaco (adquirida luego por Chevron en 2001) ocasionó daños medioambientales graves entre 1964 y 1990 en perjuicio de comunidades indígenas. Correa ya le hizo saber a Cristina su especial interés en el avance del caso, cuando visitó el país en diciembre para recibir un premio en la Universidad Nacional de La Plata.

Los escenarios que trazan en el mundo judicial-empresario son dos:

* Cristina accede al pedido de Correa y cuestiona al capital internacional, más allá de llamados de empresarios que en estos días llegan de cámaras locales y extranjeras pidiendo “seguridad jurídica” por el caso.

* La Presidenta elige priorizar el acuerdo de YPF y la eventual inversión petrolera, avalando que se levante el congelamiento de los activos de Chevron. Un ala jurídica en el Gobierno considera el embargo como “un error garrafal”.