La esperada sesión en el Congreso que debía tratar la ley que regulará los medios de comunicación de Ecuador fue levantada llamativamente ayer porque el oficialismo no pudo conseguir los votos necesarios para aprobarla. La situación revela las primeras diferencias con legisladores cercanos al Gobierno del presidente Rafael Correa, a siete meses de las elecciones en las que irá por su tercer mandato.

A pesar de que había quorum para sesionar, con 119 de los 124 diputados, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, decidió suspender el tratamiento de la Ley de Comunicación. “Yo prefiero que estén todos los asambleístas presentes”, justificó Cordero su decisión de levantar la sesión. Y unos minutos después en su cuenta de Twitter escribió: “Fue un compromiso de todos instalar sesión con 124 asambleistas. Faltaron 5”.

La oposición señaló que la razón real de la suspensión fue que el oficialista Alianza País no había conseguido los 63 votos necesarios para imponerse en el recinto y recordó que muy pocas sesiones en el Congreso cuentan con la totalidad de los diputados. “Esta fue una muestra más de la arbitrariedad con la que el oficialismo maneja la Asamblea. En una democracia cuando hay mayoría de votos se aprueba una ley y cuando no, no se aprueba, pero se sesiona”, dijo a la agencia EFE César Montúfar, del opositor Concertación Nacional.

El Movimiento Alianza País cuenta con 49 escaños y cuatro miembros del afín Partido Socialista. Pero aunque le faltan 10 para llegar a los 63 votos necesarios, los últimos meses no tuvo grandes problemas para negociar con las distintas bancadas, sobre todo los independientes que simpatizaban con Correa.

“Sólo se requieren de los votos de Alianza País y sus aliados. Aunque la oposición se inmole en la sala no hay forma de que se suspenda la votación. No deben haber conseguido el apoyo necesario”, dijo la diputada María Paula Romo, separada del oficialismo, respondiendo las primeras versiones de los medios oficialistas que señalaban que la sesión debió ser levantada porque la oposición la boicoteó.

Entre los puntos ríspidos de la ley aparece la creación de un ente regulador que controlaría la emisión de contenidos que entienda como discriminatorios o violentos. Este organismo estará encargado de la redistribución del espacio radioeléctrico. Según el proyecto, el 33 % de las frecuencias quedaría en manos de los medios públicos , otro 33 % de los privados y un 34 % de los comunitarios. Actualmente, un 85 % de las radios y un 71 % de las televisoras son privadas.

En 2011, en un referendo que ganó por amplia mayoría, Correa consiguió el apoyo para la creación del consejo regulador de contenidos de los medios de comunicación. El curioso plesbicito consultaba desde cambios en la estructura judicial, hasta la prohibición de las corridas de toros y de los casinos.