Unos meses después del tropezón que le significó el intento de golpe, en septiembre pasado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se prepara para recuperar oxígeno político y acelerar las reformas con las cuales busca sacar a Ecuador de lo que llama "la larga noche neoliberal" y consolidar el "socialismo del siglo XXI".

Para lograrlo, convocó un referéndum para pasado mañana con el que espera ampliar su legitimidad, pese a que actualmente su nivel de popularidad se encuentra en más de un 50%, algo inédito para el mandatario de un país en el que, en los últimos 15 años, fueron derrocados varios presidentes.

De este modo, Correa apunta a concentrar poder para avanzar en dos tareas polémicas: reformar el sistema de medios del país, pese a que sus críticos afirman que en realidad busca acallar la disidencia, y el Poder Judicial, en momentos en que crece la alarma en la población por los niveles de corrupción en esta repartición y el aumento de la inseguridad.

En el referéndum, se le preguntará a la población, entre otras cuestiones, si está de acuerdo con prohibir que las empresas de comunicación privadas tengan participación accionaria en otros sectores.

También si respalda que el Parlamento expida una polémica ley para crear un ente que regule la difusión "de contenidos de violencia" en los medios de prensa y audiovisuales y que establezca "criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores y de los medios emisores". Esto abriría el paso a sanciones a periodistas y a medios por los contenidos publicados.

Por esta razón, su triunfo en el plebiscito supondría "un respaldo político de los votantes al presidente en su confrontación con los medios de comunicación en Ecuador, donde ya existe una capacidad reguladora del Estado en este sector", dijo a LA NACION desde Quito Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador.

Correa ha atacado en forma permanente a la prensa durante sus cuatro años de gobierno y la ha acusado de "cobarde", "malsana" y "mentirosa", lo que suele alimentar los temores de censura previa.

Además, demandó por daño moral a dos periodistas autores del libro El gran hermano, sobre los contratos de su hermano, Fabricio Correa, con el Estado ecuatoriano, y les exige una indemnización de 10 millones de dólares. Curiosamente, Fabricio Correa, actualmente distanciado del presidente, es una de las caras más visibles de la campaña por el no al referéndum.

El mandatario también demandó por 80 millones de dólares al diario El Universo, a raíz de una columna editorial publicada el 6 de febrero en la que se lo responsabiliza de haber ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles durante una protesta de agentes policiales, lo que, según dijo Correa, no se corresponde con los hechos."La prensa mediocre entiende que ser libre e independiente es estar en contra del gobierno de turno independientemente de sus aciertos y errores, y contradecirlo [...]. No es ganas de buscar la verdad, es ganas de hacer daño", declaró Correa en diciembre pasado durante una entrevista con LA NACION.

Además de criticar reiteradamente a la prensa, el presidente generó un importante multimedio propio con dos agencias de noticias, ocho radios, seis señales televisivas y seis medios gráficos, incluyendo el diario El Telégrafo.

Según la Fundación Ethos, en 2009 se registraron 233 cadenas nacionales, lo que transformó a Ecuador en el país sudamericano que más veces empleó este recurso, por encima, incluso, de Venezuela.

Por otra parte, también generó preocupación entre los opositores el hecho de que el gobierno tenga previsto crear una comisión tripartita para reformar la justicia, cuyas designaciones las realizará Correa y organismos alineados con el oficialismo como la Asamblea Popular y la Función de Transparencia y Control Social.

La oposición afirma, además, que se podría llegar a utilizar políticamente las herramientas judiciales que serán plebiscitadas pasado mañana para combatir el "enriquecimiento privado no justificado".

Así las cosas, la reforma de los medios y la de la justicia se llevarán la mayoría de las 10 preguntas de la consulta popular -la quinta elección desde el inicio de su mandato-, en la que estarán obligados a votar unos 11,2 millones de ecuatorianos en el país y unos 206.000 en el exterior. También se incluirán preguntas sobre otras cuestiones, muy disímiles entre sí, como la prohibición de corridas de toros y de los negocios destinados a los juegos de azar.

"Voto emotivo"

"En las 10 preguntas se plantean siete temas distintos y las distintas encuestas mostraron que todavía hay un elevadísimo grado de desconocimiento sobre algunos asuntos", dijo a LA NACION el analista político ecuatoriano Hernán Reyes, sociólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Por esta razón, la campaña apunta a plebiscitar la figura de Correa, lo que da réditos al gobierno en las encuestas: según la firma Cedatos-Gallup, el mandatario obtendría un respaldo promedio de un 61,7% a las 10 preguntas.

Reyes dijo que, además, faltó un espacio de deliberación y argumentación sobre las 10 preguntas. "Esto hace mucho más difícil el discernimiento sobre la consulta en la que va a pesar mucho el voto emotivo de aprobación o desaprobación del gobierno en su conjunto", indicó.

Lo curioso es que, en momentos en los cuales su gestión tiene un alto nivel de aprobación, el mandatario recurra a esta herramienta que, en la práctica, lo autorizará a reformar la Constitución que impulsó él mismo en 2008 y que lo habilitó a permanecer en el poder hasta 2017 si gana una reelección en 2013.

¿Por qué lo hace entonces? "Porque a pesar de que tuvo una popularidad cercana al 70% y no se le opone ninguna institución del país, casi se cae en septiembre pasado", dijo Bonilla.