El grupo Eskenazi podría quedarse sin su parte en YPF, ahora bajo control del gobierno nacional después de que el Congreso sancionara la ley de soberanía hidrocarburífera. Es que no cumplió con el pago de U$S400 millones en concepto de intereses y de capital por los préstamos que recibió en 2008 y 2011 para comprar el 25,49% de YPF.

De acuerdo a información que surge de medios periodísticos porteños especializados en finanzas, el default del grupo empresario daría pie a que los bancos ejecuten las acciones en su poder. Los socios argentinos pretendían financiar con los ingresos procedentes del dividendo repartido cada año por la propia compañía, pero al parecer no alcanza.

Petersen Energía, una firma de la familia Eskenazi radicada en Australia, recibió en 2008 un préstamo de U$S1.018 millones por parte de un pool conformado por Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa para comprar 14,9% de YPF.

En ese entonces, otros U$S1.015 millones fueron financiados por Repsol. En 2011, Petersen se hizo del otro 10% de YPF con un préstamo de U$S670 millones aportado por un consorcio integrado por los bancos Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citi. Otro tanto lo puso a disposición la propia Repsol.

Era hasta finales de 2011 que Eskenazi usaba los dividendos que recibía de YPF, la mayor petrolera del país, para repagar aquellos préstamos. El 90% de las ganancias de la compañía se distribuía entre los accionistas, y entre 2008 y 2009 la empresa pagaría un dividendo extraordinario de U$S850 millones.

COMPROMISOS

En conferencia de prensa, uno de los responsables de Repsol YPF, Miguel Martínez, declaró que la expropiación desligaba a la empresa española de recomprar las acciones a Petersen Energía (que le hubiera permitido pagar los préstamos bancarios), como se había difundido en un primer momento.

YPF advirtió en un comunicado a la Comisión de Valores de Estados Unidos que una “porción significativa” de su deuda contempla como un evento de default una nacionalización de la empresa. Y esto aceleraría el pago de su deuda.

“Si bien al momento de este informe no habíamos recibido ninguna notificación de default o pedido de aceleración de la deuda, podríamos vernos exigidos a pagar parte o toda la deuda vigente como resultado de la ley de Expropiación”, dice el documento.

“Estamos buscando dispensas formales de nuestros acreedores. En caso de que estas dispensas no se obtengan y se requiera el pago inmediato, la empresa podría enfrentarse a problemas de liquidez de corto plazo. No obstante, el management espera, en tal caso, poder obtener financiamiento de diversas fuentes, incluyendo los flujos de fondos operativos y algunas líneas de crédito disponibles”, detalla.