La información que trascendió en las últimas horas complicaría la situación de la empresa contratada por la cooperativa, ante un eventual juicio civil.

El joven que se desempeñaba como sereno en la entidad solidaria continúa detenido en la Brigada de Investigaciones, mientras que ayer no concurrió a Tribunales tal como se preveía. Cabe recordar que su abogada, María Belén Baigorri, al escuchar que a su cliente le imponían 30 días de prisión preventiva, manifestó que Pacheco estaba dispuesto a declarar para colaborar en el proceso, situación que horas antes, en la indagatoria, no había ocurrido.

Ayer se pudo constatar que la fiscal Ivana Hernández no convocó al detenido y espera, para indagarlo, que la abogada solicite formalmente la ampliación de declaración.

Fuentes vinculadas a la investigación del robo de las dos cajas fuertes de CORPICO, apuntaron que todas las personas que se desempeñen en empresas de vigilancia privada deben estar registradas en la Jefatura de Policía, y para ello, no deben contar con antecedentes.

No sería este el caso de Daniel Horacio Pacheco, quien cuenta con una condena del año 2001 y otra de hace un par de años. La misma abogada defensora, Baigorri, al ser consultada por los antecedentes de Pacheco reconoció en diálogo con los periodistas que “tiene pero son viejos, fue una condena de 2001”.

La revelación de la letrada sorprendió a los cronistas, ya que nada tendría que ver la “antigüedad” de la condena, sino que el simple hecho de haber sido condenado por un delito doloso lo excluye para trabajar en la empresa de vigilancia.

Pacheco contaría con una condena del año 2001 por receptar elementos robados, mientras que en 2010 tendría otra por estafa.

La Ley Provincial Nº 825 que regula el “Régimen en Funciones sobre Investigaciones y Vigilancias Privadas”, establece una serie de requisitos a cumplimentar para desempeñarse en dichas empresas.

Entre los impedimentos para convertirse en trabajador de este tipo de prestataria de servicios, la ley requiere “no registrar procesos judiciales pendientes o condena por delito doloso”. Y agrega la normativa que “en caso de registrar antecedentes judiciales, deberá presentar testimonio con absolución o sobreseimiento definitivo”.

También exige la Ley 825, entre varios puntos, que el interesado deberá “acreditar buenos antecedentes, los que serán calificados por la autoridad de aplicación”.

La supuesta situación irregular del empleado vinculado en el robo de las cajas fuertes, pone ahora en una situación complicada a la firma Serviur, donde cumplía funciones hace varios meses, sin cumplimentar con los requisitos legales para trabajar. La empresa piquense no quedaría directamente involucrada en el proceso penal, pero se descarta que podría quedar expuesta a una eventual demanda civil, impulsada en este caso por la cooperativa damnificada en el robo de las cajas fuertes.

Mientras tanto, los investigadores continúan con la recolección de elementos probatorios que los acerquen a los autores del atraco, sin revelar mayores detalles del trabajo que llevan adelante uniformados de distintas dependencias policiales, bajo las órdenes de la fiscal Ivana Hernández.