4 En un primer momento se habló de una suma que rondaba los 150 mil pesos y días después se reconoció desde el Consejo de Administración que lo sustraído rondaba el medio millón de pesos.

Ayer este medio pudo certificar que las dos cajas fuertes robadas a Corpico contenían dinero en efectivo, cheques y documentos negociables por unos 2.022.000 pesos, de acuerdo con la información que la propia entidad entregó a las autoridades judiciales. Integrantes de la conducción de la entidad solidaria habían negado que el robo fuera millonario y hasta dejaron trascender que las cifras que manejaba la prensa eran "exageradas".

Sin embargo, se confirmó mediante una fuente inobjetable que las dos cajas fuertes metálicas contenían 156 mil pesos en efectivo, valores a favor de Corpico, certificados de plazo fijo, títulos públicos Bonex y otros certificados por una cifra que ronda los 911 mil pesos. Los delincuentes también se llevaron más de 150 cheques de terceros por alrededor de 977 mil pesos y valores que estaban en garantía por 17 mil pesos. Además, fueron sustraídas una cantidad significativas de chequeras de cuatro entidades bancarias distintas.

No dejan de llamar la atención los cheques de empresas piquenses por cifras que rondan los 20 mil pesos o más, que fueron parte de las partidas robadas, que se supone fueron entregados por sus titulares para cancelar el servicio de electricidad a través de valores con fecha diferida. Restos de las cajas fuertes fueron hallados el martes en una de las banquinas de la ruta 102, a pocos kilómetros del acceso a Metileo.

En ese lugar, la policía recuperó los restos metálicos que corresponden a las dos cajas fuerte sustraídas de Corpico, una de ellas de grandes dimensiones y un metro sesenta de altura, mientras que la restante era más baja, de unos 70 centímetros. Además de recuperar parte de los cofres, la policía demoró a nueve personas que supuestamente estaban vinculadas al robo. Las sospechas sobre el conjunto de los imputados se basan en el tráfico de llamadas entre algunos de ellos, cuyo análisis por parte de los investigadores produjo las órdenes de detención ante la presunción de que estas personas serían los autores del golpe.

Hipótesis apresurada.

Una alta fuente judicial reconoció ayer que existió cierto "apresuramiento" en las detenciones y que los investigadores deberían haber recolectado más y mejores pruebas para acorralar a los posibles autores del ilícito. También se encuentra muy cuestionada la actuación del juez de Control Sustituto, Diego Ambrogetti, que no habría garantizado los derechos de los supuestos sospechosos porque al dictarles la prisión preventiva a nueve imputados no requirió de la fiscalía mayores precisiones sobre la eventual participación en el delito de cada uno de ellos. En cambio, en pocos minutos resolvió que todos los demorados debían permanecer encerrados hasta la "finalización del proceso".

El juez de Control tampoco debería haber participado en los allanamientos pues se estaría vulnerando la imparcialidad con la que debe actuar al presidir la audiencia, un acto durante el cual el magistrado decide y resuelve después de escuchar a la defensa como y a la fiscalía, sin influencias de otros elementos.

Libertad.

La defensa de uno de los detenidos pidió ayer una audiencia para reexaminar la medida de coerción y reclamar la inmediata libertad de un joven de 25 años, oriundo de Ingeniero Luiggi, a quien también se le había dictado la prisión preventiva aunque jamás estuvo claro por qué los investigadores decidieron involucrarlo.

Estaría absolutamente comprobado que el día del robo a Corpico el joven se encontraba de vacaciones en Córdoba, una coartada certificada por fotografías familiares y hasta facturas a su nombre de los consumos realizados en una localidad turística de esa provincia. Sin embargo, los investigadores lo ligaron al robo por "tres llamadas telefónicas" que lo vincularon a otros imputados y a una importante suma de dinero que el joven guardaba en su vivienda de General Pico. Esos elementos (comunicaciones telefónicas y dinero) lo convirtieron rápidamente en un importante sospechoso a ojos de los investigadores locales. Finalmente, el análisis de su teléfono celular habría permitido comprobar que esas "llamadas comprometedoras" fueron realizadas en septiembre de 2008 y no tenían nada que ver con el robo a Corpico. Y que el dinero en poder del muchacho proviene de una operación inmobiliaria debidamente registrada.

Con semejantes argumentos a su favor, el abogado pidió la "libertad plena" de su defendido y la fiscal Ivana Hernández adhirió inmediatamente a su pedido, aunque solicitó que el joven se presente una vez por semana en la fiscalía para registrar domicilio. El juez de Control subrogante, Pablo Díaz Lacava, que presidió la audiencia, dispuso un cuarto intermedio para decidir y no tomar una decisión "liviana". Ese paréntesis judicial se extendió por segunda vez, ya que el magistrado solicitó escuchar el audio de la audiencia original en la que al imputado se le aplicó la prisión preventiva.

Tras la reanudación de la audiencia, Díaz Lacava dispuso la inmediata "libertad plena" del imputado al entender que no surgía vinculación alguna con el episodio delictivo y calificó la prisión preventiva sufrida por el joven como "inadecuada e ilegal".

Del mismo modo, otros abogados defensores solicitarán la libertad de algunos imputados, que tampoco estarían ligados al robo pero que fueron detenidos sin pruebas en su contra. Mientras se cumplen esas diligencias, los investigadores continúan con la aperturas de los teléfonos celulares incautados, que serian unos 50, para establecer el tráfico de llamadas y una vinculación entre los sospechosos que les permita sostener la acusación.