Se trata esta vez de Mirna Anahí Saubidet, María Elsa Saubidet, Antonio Miguel Menéndez, Gerardo Ariel Menéndez y María Cristina Pérez, quienes, con asistencia legal, se presentan ante la justicia a denunciar que se han visto perjudicados por el manejo irregular de los puestos de trabajo en las cooperativas. Se trata de organizaciones que funcionan bajo la coordinación de militantes sociales, que administraron a su criterio puestos de trabajo creados para quienes no lo tienen.

Este semanario, en su edición 714, desarrolló los acontecimientos sucedidos con anterioridad, cuando un grupo de ex trabajadoras de las cooperativas de empleo que surgieran del plan Ingreso Social con Trabajo, denunciaba desde la banca 25 las irregularidades que permanentemente se cometían. Se trata de varios empleados que perdieron su puesto cuando reclamaron las condiciones en las que se les pagaba o los importes descontados.

Una de quienes dieron su testimonio, Claudia Sosa, había sido víctima de aun mayores represalias por las denuncias efectuadas: su casa había resultado incendiada cuando sus tres hijas permanecían en el interior. Toda la familia salvó su vida de milagro, gracias a la intervención de los bomberos.

En una reciente entrevista en la emisora 99.9, Claudia defendía la función de la política para el mejoramiento común, y sus años de militancia amparada en su círculo más cercano, a la vez que diferenciaba netamente la actitud de quienes estaban administrando de manera incorrecta los fondos estatales. Narró que ellos eran un grupo de personas que provenían de diferentes barrios de Mar del Plata, y que habían confiado ciegamente en Sara Quintana, la misma que hoy los defraudaba, ya que les había descontado dinero de sus magros haberes con la excusa de que no habían concurrido a un acto político, o que debían aportar a la causa. Sosa afirma que con ese dinero, Quintana construyó tres departamentos en el terreno de su casa. Además los maltrató, los denigró, y los hizo sentir esclavos.

La idea

Sabemos que el Programa de Inversión Social –PRIS- tuvo como principal objetivo la creación de empleo para los trabajadores desocupados a través de la conformación de 1.009 nuevas cooperativas. El alcance estuvo orientado a la provincia de Buenos Aires, y se dispuso de un presupuesto de 750 millones de pesos, para ofrecer trabajo en pequeña obra pública a estos trabajadores recién asociados. La totalidad del programa se desplegaría en etapas sucesivas.

Luego, el municipio y los movimientos sociales que militan en cada zona debían acordar quiénes serían los desocupados que finalmente formarían parte de la operatoria. Esta selección debía a su vez ser aprobada por el Ministerio, que corroboraría a través del cruce de datos con la AFIP y el Ministerio de Trabajo, que los inscriptos no tuvieran otro empleo.

Una vez seleccionados, los empleados se dividirían en grupos que habitualmente rondarían los 16 y 20 miembros. Ellos, a través de las gestiones ministeriales, serían inscriptos al mismo tiempo en el INAES, conformando sendas cooperativas de trabajo.

Esta última entidad, que también depende de la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social, debería cumplir -en este caso- tres funciones: habilitar a las cooperativas allí inscriptas a ser contratadas por los municipios de manera directa, es decir sin necesidad de que medie una licitación pública, eximirlas del pago del IVA, y brindar obra social, aportes jubilatorios y salario familiar a cada uno de los cooperativistas insertos en el PRIS. Es decir que mecanismos de contralor previstos, hay. Como se ve, el esquema es ordenado y, quizá, podría haberse cumplido con precisión.

Según el plan, las cooperativas son contratadas por los municipios para desarrollar distintos trabajos: construcción de plazas, centros culturales, playones deportivos, veredas y cordones, reparación de calles y avenidas, refacción de edificios públicos, limpieza y desmalezamiento de espacios públicos, mejoras de instalaciones eléctricas en villas y asentamientos precarios, etc.

Teóricamente, una vez aprobadas, las cooperativas comienzan a trabajar contratadas por los municipios, con financiamiento, maquinaria, ropa, elementos de seguridad (cascos, guantes, antiparras protectoras, etc.), materiales e insumos a cargo del ministerio de Desarrollo Social.

En Mar del Plata esto último nunca pasó: Claudia Sosa relataba con dolor que había visto mujeres de edad que, para mantener el empleo, cortaban el pasto con la mano. El dinero de las herramientas les era descontado a los trabajadores, y jamás aparecían tales elementos.

Cada miembro de la cooperativa debe ser registrado como monotributista social, y percibir mensualmente $1.344, en concepto de adelanto de excedentes de la cooperativa de la que forma parte. Pero los municipios son los responsables de la dirección y certificación de las diferentes obras, a la vez que deben rendir cuentas ante el Ministerio del destino de los fondos cursados a su distrito.

Con respecto a la dinámica interna, la realidad es que la mayoría de los inscriptos en la operatoria tienen nula experiencia asociativa y escasa experiencia laboral, por lo que comúnmente funcionan como cuadrillas de trabajo al servicio de los municipios, con las limitaciones propias de la ausencia de una así llamada “cultura del trabajo” que complejiza su organización y labor.

Desde su lanzamiento, a través del Programa de Inversión Social y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se crearon 828 cooperativas que significan 14.400 puestos de trabajo para desocupados, beneficiarios de planes sociales y de empleo.

En muchacho

La instrumentación de los planes dentro del municipio de General Pueyrredon estuvo a cargo de Agustín González, el novio de la hija de Lucila Branderiz, esposa del intendente Gustavo Pulti. Las cooperativas beneficiarias de los planes de empleo fueron puntualmente seleccionadas por este funcionario de extrema confianza del intendente, y así quedaron asegurados los retornos a los funcionarios. Hay cooperativas que no llevan adelante ninguna obra y que no están integradas por trabajadores. Otras, integradas por familiares y amigos que se reparten los puestos y sueldos.

A los efectos de probar la situación de violencia que sufren los socios de las cooperativas por parte de los punteros políticos de las denominadas organizaciones sociales, se ha denunciado el accionar de Mario Puche, titular de la Cooperativa Atahualpa, quien fue procesado por amenazas y tenencia de armas de fuego en perjuicio de los asociados de la entidad. Él y un hermano suyo habrían agredido durante el año pasado a Ariel Menéndez y a Fabio Quintana, quienes radicaron la denuncia en la comisaría 12 de esta ciudad.

Los Puche son las personas que manejan los fondos asignados por el Estado nacional con la complicidad de la municipalidad, a través de la Cooperativa La Unión limitada. Ellos pagan a los trabajadores con simples fotocopias, sin ningún tipo de registración contable, y en su liquidación deducen importes de una manera ajena a lo establecido en los lineamientos del plan.

Los mismos Puche fueron quienes tomaron por asalto el Concejo Deliberante de General Pueyrredon y produjeron destrozos. Extorsionaron a las autoridades para que el municipio les confiera la responsabilidad de manejar los fondos de las cooperativas.

Otros personajes similares son los hermanos Trujillo, dirigentes de la UOCRA, que habilitaron una cooperativa con familiares: ninguno es trabajador desocupado.

A principios de 2010, la Auditoría General de la Nación anunció una investigación del programa Argentina Trabaja por estas y otras irregularidades, y solicitó la creación de una Fiscalía Especial para este tipo de instrucción.

Las denuncias por el manejo clientelar de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja ya era un hecho: un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto que exigía explicaciones acerca del modo en que se ejecutaban los fondos del programa, los parámetros con los que se elegía o apartaba a sus beneficiarios, o se controlaba el uso de los recursos por parte de los intendentes del Conurbano bonaerense. La iniciativa fue motorizada por legisladores de GEN, la UCR, el Partido Socialista, Proyecto Sur y Libres del Sur, quienes presentaron luego un segundo pedido de informes sobre los criterios de ejecución. El listado de 36 preguntas sobre el Plan Argentina Trabaja ya era un muestrario de la incertidumbre que rodeaba la ejecución del programa desde que fuera anunciado por la Presidenta, en agosto de 2009. Según los legisladores, sólo el Gobierno conoce cuánto dinero se destinó y se destinará al plan, cuánto se ha ejecutado hasta hoy y de qué manera se distribuyen y controlan esos recursos.

“El Gobierno lo hizo para que la gente vuelva a tener dignidad” dice Claudia Sosa, que sigue creyendo en la política, “para que en vez de cobrar un plan, tu hijo te vea la conciencia del trabajo”. Pero ella sabe que a su alrededor, los desocupados son pocos y los vivos, muchos. Recordó en su testimonio a Carolina Nolinger, que es titular de una cooperativa. Su hija casualmente es la tesorera. La comisión directiva, un grupo de amigos: juntos forman la cooperativa Ideas Mar del Plata. ¿Cómo iba a llamarse si no? La idea es brillante: una organización perfecta que sólo tiene que cobrar, y conseguir militantes que pongan los documentos para llenar papeles.

Mientras tanto, Sara Quintana le hace escribir cartas a la gente agradeciéndole su trabajo. Sí, el de ella misma. Hay un coraje a toda prueba.