La mitad de la ciudadanía observa los actos políticos haciendo especulaciones sobre cuánto habrá pagado cada personaje en ascenso a cambio de la presencia de un número x de supuestos militantes frente a su palco. Después, todos señalan la llegada de colectivos de diferentes barrios o localidades vecinas, cuando hay que marcar numéricamente la adhesión a una candidatura o a una conmemoración. Pero parecía que nunca veríamos, con nombre y apellido, una denuncia que señalara a quienes hacen posibles tales afirmaciones, porque les dan sustento real.

La banca 25 se utiliza para llevar adelante lo establecido en el decreto 478: es el espacio para que los vecinos de la ciudad pongan en conocimiento del Honorable Concejo Deliberante, y a través de ellos informen a la ciudadanía en general sobre cuestiones de fundamental importancia: es la banca abierta.

El pasado 2 de mayo llegaron allí las personas que fueron excluidas de la cooperativa de trabajo “7 de Mayo”, coordinada por quien se dice referente del Barrio Regional, Sara Quintana, y dieron un testimonio claro y preciso.

Tomó la palabra Marta Silvia Vidal, y clarificó su propósito: la restitución de puestos de trabajo, y sueldos preestablecidos. Refirió que en agosto de 2010 “bajaron” a Mar del Plata 70 puestos de trabajo, que administró la citada cooperativa. Que ella no recuerda haber visto trabajar allí a esas 70 personas, sino a no más de 40, y que con el trascurso del tiempo, en virtud de sus propias decisiones basadas en clientelismo político, Quintana había dejado sin ese empleo informal a unas 30.

La situación fue descripta por ella como “muy difícil”, ya que estos trabajadores no podían cobrar nunca más de $500 o $600, cuando el sueldo debía ser de $1.344. El importe restante les era descontado, razón por la cual ellas se habían quejado oportunamente.

Los trabajadores de la cooperativa eran virtualmente obligados a asistir a actos políticos, ya que, en el caso de desistir, les eran descontados importes extra de unos $150. No sólo esto, sino que además la señora Quintana se negaba a admitir certificados médicos cuando alguien no podía concurrir a trabajar por enfermedad, e igual les descontaban los días.

Vidal afirmó que todos los trabajadores de la Cooperativa 7 de Mayo aportaban fondos a la agrupación, con los que creían que se comprarían las herramientas necesarias para realizar los diversos trabajos que les eran requeridos, pero que tal cosa jamás sucedió. Todos los trabajadores mencionados realizaban tareas solidarias, y en cierta ocasión solicitaron elementos e insumos apropiados, a lo que Quintana respondió: “corten el pasto con los dientes”. Tal una de las anécdotas que la pinta de cuerpo entero.

La señora Vidal afirma que la cooperativa no tenía una sede fija, por lo que Sara Quintana habría hecho construir en el fondo de de su casa tres departamentos, una oficina y dos baños usando mano de obra de la cooperativa. Todos creyeron que esa sería la sede de todos, aunque estuviera en un terreno privado, pero luego, quienes resultaron excluidos comprendieron que no podían ingresar a tales instalaciones. Eran maltratados y amenazados por los referentes políticos de la agrupación.

Las consecuencias fueron las esperadas, y las amenazas se concretaron. A Claudia Sosa, otra de las ex trabajadoras de la cooperativa que también se encontraba presente en el recinto, le prendieron fuego la casa con su familia adentro: debió abandonar la vivienda por los techos y en plena noche con ayuda de bomberos y vecinos. A otra persona de las que protestaron, le incendiaron el coche.

Transcurrido el tiempo y los hechos, los trabajadores de la cooperativa no cobraron los sueldos, y se vieron de pronto sin el puesto que les correspondía, aunque no mediara ninguna razón para su expulsión, más que resistirse al manejo político. Buscando una respuesta, recurrieron a Fernando Gauna, el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon, quien en el mes de marzo dijo que se ocuparía de que les pagaran. De esto hace más de dos meses, y según refieren, Gauna los recibe con la misma respuesta: “No tengo la solución, ¿qué quieren que haga?”.

Como consecuencia, de los más de 30 trabajadores expulsados, algunos ya se han cansado en el camino, y son hoy 22 los que continúan con su reclamo. Piden no solamente que se les pague, sino que además se les restituya por justicia el puesto.

Por una vez

Los concejales, obviamente, no podían salir de su asombro frente a lo que oían. No porque no lo sospecharan, ya que las acciones de este tipo son vox pópuli, sino por lo que el concejal Carlos Katz caracterizó como un acto de coraje cívico: animarse a decir con todas las letras lo que sucede, más allá de haber sufrido ya dos atentados concretos.

La respuesta de los ediles fue pedir que se establecieran las medidas adecuadas para que esto no se convirtiera en una mera denuncia para satisfacer algunos egos durante unos pocos días. Se solicitó que la desgrabación de estas declaraciones fuera entregada a la fiscalía de turno, y presentada luego ante el correspondiente tribunal en lo criminal.

Por otra parte, se dejó en claro que la solución a las cuestiones mencionadas no pertenecía a la competencia municipal, que en realidad no puede reestablecer en su empleo a los damnificados. Es el INAES quien debe seguir en su curso a las cooperativas de trabajo que se registran ante él. La municipalidad sólo tiene entre sus funciones la de verificar el desarrollo y realización de los trabajos, y entregar certificados de avance de obra, para que los obreros puedan cobrar sus haberes. Luego, se decidió por fin verificar la situación contractual de esa cooperativa con el municipio de General Pueyrredon, ya que, como afirmó el concejal Diego Garciarena, “no puede administrar un segundo más los recursos públicos”.

Claro que, en el afán por reconstruir la totalidad del escenario político descripto, la emisora 99.9 se contactó recientemente con la nombrada Sara Quintana, con el fin de presentar su testimonio y constatar la certeza de las afirmaciones denunciadas. El resultado fue aún más sorprendente. Quintana desconoció todo y se definió a sí misma: “yo soy solamente una luchadora social”. Dice que desde hace 15 años milita únicamente para resolver problemas de los vecinos. De todas maneras, no pudo responder preguntas básicas como cuántos merenderos son los que dice atender en los barrios, u otras acciones que asegura llevar a cabo.”No le voy a responder”, y “tengo una trayectoria impecable” fueron algunas de sus frases célebres, refiriéndose seguramente al tiempo en el que trabajó al servicio de Juan Garivoto, haciendo su propio espacio de poder en la periferia. “El señor Garivoto es un señor”, subrayó, “un señor con letras mayores”, defendiendo así a alguien que hasta el momento estaba fuera de la escena.

Se percibía en la entrevista telefónica otra voz, la de alguien que le “daba letra” a la señora, y fue invitado por el director de la radio a exponer directamente su testimonio. De forma extraña e irregular se pudo saber que se trataba de José Luis Duarte, quien puso en duda los testimonios dados desde la banca 25, y dijo sencillamente que provenían de otras motivaciones políticas diferentes de las suyas. De todas formas, no sabía con quién hablaba, literalmente, ni que se trataba de una nota periodística. Después de hablar, preguntó: “¿usted es de la policía?”

Afirmó que él militaba en una ONG, pero que desconocía cómo se llamaba. Y que las mujeres que habían declarado ante el Honorable Concejo eran “altaneras”, característica que seguramente lo altera: ¿será hasta el incendio?

Dijo que se trataba únicamente de un grupo apañado por otro sector de la política local, el Movimiento Evita. Minimizó el incidente de la casa de Sosa, afirmando que seguramente la había prendido fuego ella porque necesitaba cobrar el seguro, o el mismo propietario, que necesitaba que se fuera ya que no le pagaba. Un espanto.

Para cerrar una nota casi de película, dijo su frase más destacada: “a mí la política no me influye”.

Imparables

Por supuesto que no es nuevo el problema, y no es éste el único sector implicado en las reacciones. Fue consultado a propósito del tema Carlos Caro, quien refiere las acciones de la agrupación Barrios de Pie, que –asegura- sigue apostando por el diálogo en el municipio de General Pueyrredon.

Dice Caro que desde que se lanzó el plan “Argentina Trabaja” desde el Gobierno nacional, el problema fue que los punteros políticos llevaron a cabo desmanes con los recursos, y los usaron en su beneficio.

Lo que debía ser entonces un plan para devolver la dignidad a sectores desocupados -ya que buscaba que las personas aprendieran oficios para luego acceder al empleo formal- se diluyó en el camino. Los descuentos de $700 terminaron indignando a cualquiera, y más aun cuando en algunos casos los que esperaban pintar escuelas o reparar asfalto terminaron ocupándose de la limpieza de los salones del Partido Justicialista.

Caro explicó que Quintana es una referente local de “La Cámpora”, aunque no se termina de entender bien la conexión, ya que proviene de una formación política en la línea de Garivoto, que cualquiera hubiera situado muy lejos de allí a nivel ideológico. Se ve que las partidas de dinero acortan la distancia política. Pero lo cierto es que Caro no se vio sorprendido por los hechos que le fueron referidos.

Un camino nuevo parece abrirse, ya que las cartas están sobre la mesa. La comunidad es quien alimenta con sus impuestos esos fondos que no deberían tener un dueño. Su único destinatario debe ser aquel que realiza una tarea para recibir un salario. Esa misma comunidad es quien espera que esto no quede en la mera letra, ni en activar otro expediente de tribunales que junte tierra hasta que el barrio cambie de nombre. Dios quiera, para que el coraje sirva para algo.