Sólo la superan Tierra del Fuego ($ 9471), Santa Cruz ($ 7065), Catamarca ($ 6632), Formosa ($ 6496). Por otra parte, el estudio señala que día a día crece la concentración de fondos en manos del Poder Ejecutivo Nacional y el manejo discrecional de los mismos. La Rioja está vista como una provincia K.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central implica un cambio de fondo en la política económica. No sólo le permite al gobierno nacional de Cristina Kirchner ampliar enormemente el margen para usar las “cajas” en pesos y en dólares del BCRA y financiar los mayores gastos del Tesoro (hasta el equivalente de 126.000 millones de pesos en 2012, frente a 68.000 millones en 2011, o sea, 85% más). También consagra la perpetuación de los controles cambiarios y de importaciones, ante la necesidad de preservar las reservas y el superávit comercial.

A ello se suma que el BCRA podrá emitir pesos para otorgar redescuentos a los bancos, que los canalizarán a créditos dirigidos y/o subsidiados. Se trata de herramientas que demostraron sus riesgos inflacionarios y cambiarios en los años 70 y 80. La tentación de emplear todo este arsenal expansivo, simbolizado por la “maquinita” de emitir pesos con menos respaldo, está sujeta a la frágil promesa presidencial de evitar “zafarranchos”.

Sin embargo, existe otra implicancia más oculta. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en el financiamiento del BCRA al sector público “no se van a colocar los recursos derivados de la mayor emisión monetaria dentro de la masa coparticipable” con las provincias.

Con estos ingresos artificiales, se profundiza así el esquema en que la Casa Rosada concentra mayores recursos -por encima de un presupuesto “dibujado”- y distribuye discrecionalmente excedentes entre gobernadores e intendentes aliados. El mismo informe de Idesa -que demuestra que entre 2004 y 2011 el gasto nacional creció 117% en términos reales y los ingresos 85%- subraya la contradicción de que la reforma del BCRA haya sido votada mayoritariamente por los representantes de las provincias en el Congreso, en apenas 20 días.

La progresiva degradación del federalismo fiscal no puede atribuirse sólo a los gobiernos kirchneristas. Ni Menem ni De la Rúa cumplieron tampoco el mandato de la Constitución de 1994, que imponía la necesidad de reformar el vetusto régimen de coparticipación federal de impuestos. En cambio, CFK hizo su propio aporte: cuando echó mano en 2009 a otra importante caja al estatizar los aportes a las AFJP, no devolvió a varias provincias el 15% de coparticipación que habían sacrificado en los ‘90 para el régimen jubilatorio de capitalización privada.

Otro estudio, en este caso del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), pone números a las distorsiones del sistema. En 2011, las transferencias automáticas a las provincias dentro de la coparticipación representaron 34% de la creciente recaudación impositiva nacional (sin Seguridad Social). Con las transferencias no automáticas (unos 35.000 millones de pesos, incluyendo el Fondo Sojero, creado en 2009 y de reparto automático) para educación, salud y obras públicas, ese porcentaje equivale a 42,2%. El resto (o sea, 57,8%) fue para el Estado nacional. En 1994, aquellas proporciones eran de 45% y 52%, respectivamente, de una recaudación mucho más baja. Esos porcentajes fueron decayendo hasta 2002, cuando las retenciones (no coparticipables con las provincias) modificaron sustancialmente el cuadro.

Según datos del Iaraf correspondientes a 2010 (últimos disponibles), las cinco provincias con mayor coparticipación anual por habitante fueron Tierra del Fuego ($ 9471), Santa Cruz ($ 7065), Catamarca ($ 6632), Formosa ($ 6496) y La Rioja ($ 5768). En el otro extremo, los cinco distritos con menor coparticipación resultaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($ 646) y las provincias de Buenos Aires ($ 1302), Mendoza ($ 2367), Córdoba ($ 2597) y Santa Fe ($ 2730).

Pero el ranking se altera sustancialmente si se computan los crecientes subsidios federales a la energía, transporte y agua, que también se asignaron discrecionalmente durante la era K. En este caso, los mayores beneficiarios de subsidios por habitante fueron CABA ($ 2138 anuales en 2010) y Buenos Aires ($ 1486); precisamente los distritos con mayor número de votantes, independientemente de su nivel de ingresos.

Así, relegaron a los más despoblados Santa Cruz ($ 1477) y Tierra del Fuego ($ 776), mientras que otras cinco provincias (Mendoza, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Corrientes) con gobernadores opositores -o no tan oficialistas- fueron subsidiadas con menos de $ 100 anuales por habitante.