Desde Río Grande y Ushuaia las autoridades comunales aseguran que el Gobierno provincial intenta un recorte de fondos coparticipables del orden de los 25 millones de pesos por cada ciudad.

Durante una conferencia de prensa la mandataria provincial adelantó que a través de un legislador de su partido presentará una acción declarativa de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, para que se interprete el texto de la ley provincial 646 que establece una inversión presupuestaria del 25% para Educación.

La gestión gubernamental interpreta que el porcentaje para el presupuesto educativo debe deducirse de la masa total de los ingresos, es decir antes de efectuar la coparticipación a las dos municipalidades y una comuna integrantes del distrito.

Por su parte los intendentes radicales Federico Sciurano y Jorge Martín consideran que la ley se refiere al 25% de los fondos que le corresponden al Poder Ejecutivo provincial, ya deducidos los importes coparticipables.

La discusión entre Ríos y los intendentes fueguinos por este tema había comenzado días antes, cuando trascendieron aspectos del proyecto del presupuesto 2012 enviado por el Gobierno a la Legislatura.

La gobernadora brindó esta mañana una conferencia de prensa en compañía de su gabinete, donde se refirió a este tema y aseguró que los intendentes han incurrido en “inexactitudes y falsedades” al plantear el asunto en un documento que hicieron público.

Fabiana Ríos afirmó, además, que su intención es que la “discusión política no se transforme en un conventillo”.

Durante el extenso encuentro con los periodistas en la Casa de Gobierno, la mandataria fueguina realizó varios anuncios, entre ellos, el reemplazo de la actual ministra de Educación, Amanda del Corro (fue electa legisladora) por Sandra Molina, y la confirmación de que su administración no tiene como prioridad ejecutar en el corto plazo la obra del interconectado eléctrico provincial, que sin embargo ya cuenta con financiamiento nacional.

Ríos también precisó que esta tarde se firmará con una empresa constructora y un grupo inversor francés el acuerdo que permitirá la reanudación de la obra del Puerto de Río Grande, con una inversión de 183 millones de pesos y una concesión de las instalaciones por 40 años.

Por otra parte, la gobernadora informó que antes de rubricar nuevos acuerdos de concesión de áreas petroleras con empresas que operan en la zona, dará amplia publicidad al contenido de las tratativas, luego de los cuestionamientos que generó una resolución de la Secretaría de Hidrocarburos dándole carácter confidencial a esa negociación.