El Ipacym investiga el planteo de un grupo de dirigentes respecto de la adjudicación de obras. En la demanda acusaron a una coordinadora de la unidad ejecutora de la capital de beneficiar a sus familiares y amigos.
Los denunciantes dijeron que hay manejos espurios respecto de los beneficiarios del "Programa Federal de Integración Sociocomunitaria". En una nota dirigida al interventor del Ipacym, Regino Racedo, señalaron que hay "abusos, manoseos y persecuciones".
"Rosana Ledesma de Leal, coordinadora de la unidad ejecutora de la capital, decide qué cooperativas van a ejecutar las obras, siendo casualmente beneficiadas aquellas que acceden a comprar los materiales en los corralones que ella dispone: ’El Bajo’ y ’Usal SRL’, por ejemplo", dijeron.
En la presentación detallaron que en el circuito administrativo surgen las anomalías. "Los cooperativistas están obligados a aceptar que un contratista ejecute las obras en lugar de ser realizadas por la cooperativa, tal como lo disponen los convenios nacionales firmados.. En consecuencia, hay un fin social que no se cumple por el mal manejo que realiza la señora Ledesma de Leal", precisaron.
Los cooperativistas habían advertido sobre estas irregularidades en una nota que presentaron el 7 de diciembre de 2009, firmada por Liliana Lazarte. Sin embargo, no tuvieron ninguna respuesta.
Ante esa situación, reiteraron la presentación de su denuncia el viernes pasado, con la firma otros cooperativistas. "Los beneficiarios son elegidos a dedo y curiosamente recaen en amigos, parientes y acreedores de la señora Ledesma de Leal", señalaron.
Los firmantes precisaron que la coordinadora de la unidad ejecutora, inclusive, se ha beneficiado a sí misma. "Le hicieron un baño, en el fondo de su casa, siendo que ya cuenta con un baño y de ninguna manera puede ser considerada una persona con necesidades básicas insatisfechas", dijeron.
Los dirigentes solicitaron al titular del Ipacym que "ponga un freno a Ledesma de Leal para que deje de coordinar la injusticia". Además, los cooperativistas detallaron que la mujer decidió quitarle la obra a la cooperativa "Colón Limitada" y cederla al contratista Sebastián Ojeda Andrada.
Explicaron que para ese fin se redactó una "carta intención", en la que se establece que el contratista Ojeda Andrada es el dueño de la obra por $ 350.000 y sólo contrata a cinco integrantes de la cooperativa. "Tenemos conocimiento de situaciones similares en otras cooperativas", afirmaron.
La investigación
Por su parte, Racedo, en su carácter de interventor del Ipacym, ordenó ayer una investigación. "La denuncia es sobre supuestas irregularidades en la unidad ejecutora municipal de ese programa y ya estamos tomando medidas para determinar la certeza de lo planteado", precisó a LA GACETA.
"Me reuní con los denunciantes porque quería charlar con ellos, pero luego se los citará oficialmente para que ratifiquen su queja y concretaremos inspecciones a las obras en marcha", afirmó.
El funcionario detalló que la documentación fue remitida a la asesoría letrada, y que la pesquisa estará a cargo de la abogada Mónica Solórzano. "Remití notas al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y al intendente de la capital, Domingo Amaya, y esperamos sus descargos. El Ipacym es un organismo de contralor, y no está encargado de ejecutar los programas ni de manejar recursos", resaltó.
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