En la misma semana en que se celebra el Día de la Industria, en la cooperativa de trabajo echeverriana La Esperanza hay razones para creer que los discursos de incentivo al sector no siempre se condicen con las acciones de la burocracia. A sus algo más de diez operarios los persigue un pedido de ejecución de una deuda de alrededor de 70 mil pesos que reclama, nada menos, que el Banco de la Nación Argentina (BNA), una entidad crediticia estatal que va incluso a contramano de sus pares privadas.

Concretamente, el banco retomó un viejo pedido que estaba parado desde 2009 para que el Juzgado Civil y Comercial 10 de los Tribunales de Lomas de Zamora ejecute una hipoteca sobre una prensa hidráulica que ronda entre 60 mil y 70 mil pesos en el mercado, una cifra irrisoria para un banco de su magnitud y dependiente del Poder Ejecutivo nacional.

Elías Robledo, presidente de La Esperanza, contó ayer a LA TERCERA que se enteraron del reflote de la demanda a través de sus abogados, que encontraron en el expediente tribunalicio las presentaciones de dos “jóvenes” ejecutivos de cuentas del BNA. Según le informaron extraoficialmente, se trataría de empleados recientemente incorporados a su estructura que se toparon con ese acreedor y dieron curso a la medida.

Los letrados del BNA habrían aducido que la “intención” del organismo no es avanzar en la ejecución, pero esto no alcanza para tranquilizar al cooperativista. A Robledo le llama la atención que nunca fueron oficialmente notificados del intento de ejecución y que el pedido sigue activo pese a los dichos exculpatorios de los patrocinantes del banco. Mientras los pares privados mantienen congelados sus reclamos -cuyos montos son más cuantiosos porque aplican sobre el inmueble de la fábrica ubicada en Fernando de Toro al 900, en Monte Grande-, lo que tampoco avanza es el tratamiento de un proyecto expropiatorio que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense. “Necesitamos urgente esa ley y rogar que (el gobernador Daniel) Scioli ponga la plata”, para resarcir a los ex propietarios.

Un primer intento de remate fue parado en noviembre último, pero en diciembre el BNA “intentó meterse de nuevo en el juzgado por una prensa de 60 mil pesos que es muy importante” para los casi medio millar de extractores de aire que mensualmente produce La Esperanza, pero no así para la financiera oficial. “Es una prensa, no una fortuna. Ese es mi dolor ¿Cómo el Banco Nación puede hacer esto?”. “Pensamos que la fábrica estaba vacía”, le dijeron a los trabajadores. A Robledo no lo convencieron.

Los apoyos

El modelo cooperativista de los echeverrianos ya sedujo a un par de funcionarios del propio Gobierno nacional. Literalmente, dos ministros ya subsidiaron a la PyME local: la titular de la cartera de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y su par de Trabajo, Carlos Tomada. Según Robledo, referentes de ambas dependencias se comunicaron con él esta semana luego de que dieron a conocer la acometida de la entidad financiera que dirige Juan Carlos Fabrega.

“Me preguntaron qué pasa”, confía Robledo. Es que el Gobierno nacional parece seguir de cerca el trabajo de la banca pública, al punto que ayer mismo Cristina nombró por decreto a su nuevo vicepresidente, Enrique Arceo, un hombre cercano al viceministro de Economía, el camporista Axel Kicillof. En medio de la disputa por el traspaso de los fondos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, el kirchenrismo se asegura un ‘puro’ dentro del directorio del BNA.

¿Y qué tiene eso que ver con la fábrica recuperada? Hace medio año, el kirchnerista diputado Fernando ‘Chino’ Navarro -también vecino echeverriano- propuso en la Legislatura la expropiación de la planta que cerró en 2009. El proyecto obtuvo la media sanción y, si se trata este año en el Senado, forzará a Scioli a desembolsar el costo de la expropiación de dos galpones y una decena de máquinas pesadas a sus antiguos dueños, un par de hermanos que se desentendieron de la firma tras llevarla a la quiebra. Eso significaría maltratar aún más la maltrecha arca pública provincial.

La otra vía de acción es la judicial, que parece más favorable al ex motonauta. Si el tribunal lomense fallara en favor del remate, los acreedores recibirán su resarcimiento por la venta pero los trabajadores perderán el empleo que vienen sosteniendo desde hace tres años.

En ese sentido, cabe recordar que no fue designado reemplazante para el magistrado Julio Palacios, al frente del Juzgado Civil y Comercial 10, desde su muerte el año pasado. “Apareció un suplente hasta julio” pero después de la feria invernal no regresó, contó Robledo. “Está muy complicado porque -según los rumores- van a nombrar a dos jueces que de cooperativismo cero. Dicen que son muy duros” a la hora de favorecer a las víctimas de las quiebras.