En este aspecto denunció que «el Consejo de Administración de la Coop.16, más la sindicatura y los asesores, le cuestan a los vecinos de Esquel 1 millón de pesos al año».

Pese a las manifestaciones de deseo que se venían pronunciando en los últimos días, finalmente el Concejo Deliberante de Esquel no trató, en lo que fue su última sesión ordinaria, el nuevo contrato de concesión del servicio eléctrico entre la Municipalidad de Esquel y la Cooperativa 16 de Octubre. Según confió el concejal por la Unión Cívica Radical, Jorge Junyent, fracasó el intento de llegar a un consenso en la última reunión del Concejo en Comisión. Y entre los motivos, esgrimió la «inviabilidad» de llevar adelante algunas de las cláusulas planteadas por las actuales autoridades de la Cooperativa.

«El lunes tuvimos sesión del Concejo en Comisión y tal cual lo había anunciado el presidente se presentó el proyecto de nuevo convenio con algunas observaciones que ha hecho la Cooperativa de servicios públicos y que en realidad dejan al mismo en condiciones de inviabilidad porque los requerimientos que plantea la empresa concesionaria evidentemente no cuenta por lo menos con mi aprobación», dijo el edil radical.

Explicó que «este es un convenio marco novedoso que tiene una serie de particularidades que necesitaban ser consensuadas, la Cooperativa tiene un marco regulatorio aprobado por 50 años a partir del año 1982, de modo que tiene todavía un resto de vigencia y necesitaba que la cooperativa estuviera dispuesta a avanzar en estas modificaciones. Pero las cláusulas que ellos pretenden sostener verdaderamente son incompatibles con la visión que tengo sobre lo que tienen que ser los servicios modernos».

«Hay alguna cláusula que han pretendido incorporar que para el bloque que integro son absolutamente incompatibles y creo que también desde el punto de vista de lo que este Concejo esta dispuesto a avanzar, por lo tanto es una dificultad que va a dejar el expediente inconcluso y habrá quedado como una buena idea que no supo construir el consenso necesario, que va a quedar a expensas de que alguna calamidad mayor nos imponga la necesidad de acotar la discrecionalidad con que la prestadora se esta conduciendo».

En concreto, señaló que «la cooperativa pretende que no se le revisen los cuadros tarifarios, que el Estado no tenga injerencia en los cuadros tarifarios, y esto me parece un disparate, sobre todo en momentos en que se habla de que se van a quitar los subsidios y que esa quita puede terminar afectando el bolsillo de los consumidores a la hora de trasladarles la tarifa de un servicio tan básico y elemental como es el energético, me parece que se necesita una clara injerencia del Estado, por lo menos para controlar ineficiencias. Y cuando hablo de ineficiencias hablo de ineficiencias, hace muy poco tiempo hemos estado hablando del viaje de consejeros para ver que pasaba con las tarjetas de crédito, a ver si era viable implementar a través de la Cooperativa una tarjeta de crédito a través del Banco Credicoop. Cuando en realidad nuestra prestadora de servicios debiera garantizarnos servicios de calidad, eficientes y a costos razonables en materia de que tienen el monopolio. El Consejo de Administración, más la sindicatura, más los asesores, le cuestan a los vecinos de Esquel 1 millón de pesos al año y me parece que ahí habría algunas cuestiones para corregir, y esta era la pretensión del nuevo marco regulatorio».

OTRA GESTION

En este contexto, «avizoro en el futuro de la prestadora de servicios alguna serie de cuestiones que van a tener que ser revisadas muy rápidamente, que la van a poner en una situación de riesgo, y haber avanzado en este nuevo convenio le hubiera facilitado un mejor vínculo con la sociedad».

Recordó Junyent que «el proyecto fue presentado en el año 2008, de modo que nos tomamos algún tiempo, de todos modos uno no puede dejar de entender que se intentó impulsar un mecanismo novedoso de renovación desde el rol de las minorías, y esto tiene naturalmente dificultades políticas. Se avanzó mucho en este último tiempo porque el presidente del cuerpo tomó un compromiso que quiero destacar, y tomó sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar adelante la discusión hacia el interior de su propio bloque».

Asimismo, opinó que «este nuevo convenio se necesita porque en primer lugar fue dado en momentos en que no tenían vigencia las autoridades democráticas. De modo tal que me parece que esa sola era una buena señal como para poder avanzar. Pero mis colegas me han demostrado que no, han preferido el marco que se dio durante el año 1982 en plena dictadura militar, a un marco moderno que incorporara los derechos de los consumidores. No decidir es decidir y este proyecto que presentamos en el 2008 estuvo durmiendo el sueño de los justos».