"Los voy a cagar a tiros a todos ustedes." Con esa frase dio la bienvenida Carlos Zalazar, cuando LA NACION se presentó frente al domicilio de su primo, Pablo René Zalazar, presidente de la cooperativa Construyendo Igualdad, del Plan Argentina Trabaja. Es la casa de "el Führer", como lo llaman en el asentamiento La Esperanza, de Loma Hermosa, partido de San Martín.

Para alimentar suspicacias, en el frente de la casa de "el Führer" cuelga un estandarte rojo, con un círculo blanco en su centro, donde se leen en color negro las letras "JCU", por Juventud Cazadoras de Utopías, la organización que Zalazar lidera y con la cual, según su madre, Carmen Rosa Saracho, trabaja para "Cristina".

A un año de su creación, en las cooperativas del Plan Argentina Trabaja se generaron tensiones y problemas de convivencia casi inevitables para grupos de 60 personas que, en muchos casos, no se conocían ni tenían experiencia de trabajo conjunto. Pero Construyendo Igualdad parece reunir todas las falencias y los vicios que denuncian los detractores del programa del Ministerio de Desarrollo Social.

Unas 15 mujeres acompañan a LA NACION en la recorrida por Loma Hermosa. Sin experiencia previa en albañilería, en el último año construyeron las únicas veredas que se observan en el asentamiento, donde las calles siguen inundadas a pesar de que hace dos días que no llueve.

Según denuncian, el grupo fue desvinculado de la cooperativa cuando se negaron a trabajar en la casa del presidente, con los sueldos y materiales del programa. Antes, afirman, habían trabajado en el primer piso del secretario de la cooperativa, Angel Orellana. Ni Zalazar (que no atendió las llamadas de este diario) ni Orellana estaban en sus domicilios cuando LA NACION los visitó.

"No nos dejaron firmar la planilla de asistencia y, si no firmás, te quedás afuera", denunció Elina Vaca, para añadir que 30 socios sufrieron el mismo destino. El 30 de junio presentaron la denuncia ante Desarrollo Social, seguida por cartas que tuvieron como destinatario al municipio, a cargo del vecinalista Ricardo Ivoskus. Todavía no obtuvieron respuestas.

Nueve de los 30 "cesanteados" pertenecen a otro programa, el PRIS, que a diferencia del Argentina Trabaja recibe sus fondos mensualmente mediante un único cheque para la cooperativa. Según el grupo de mujeres, ese cheque sigue llegando a Zalazar, aunque desde febrero los nueve trabajadores no reciban su parte.

Consultado por LA NACION, el secretario Orellana dijo que no sólo trabajaron en su casa y la de Zalazar, sino en otras. "No importa que no esté en el módulo [por la tarea ordenada a la cooperativa, que en este caso era construir veredas], lo importante era no dejar de trabajar", agregó, para explicar que siempre utilizaron materiales propios. Además, expresó que la cooperativa cobraba "gastos administrativos" a sus socios.

En su defensa, añadió que las obras habían sido certificadas por el ingeniero Jorge Giuzzi -de quien dijo que administraba otra cooperativa- y funcionarios del municipio. El secretario de Obras Públicas de San Martín, Maudillo Dieguez, se comprometió ante LA NACION a atender las denuncias la semana próxima.