Se logró mayoría simple aunque casi todos los bloques votaron divididos. El oficialismo pudo imponerse pero el Frente Cívico ahora pidió discutir sobre la línea Comahue-Cuyo.
El acuerdo salió por mayoría simple pero en medio de un gran revuelo político, ya que las diversas bancadas dieron libertad de voto a sus integrantes y monobloques que usualmente acompañan al oficialismo esta vez decidieron no hacerlo.
Los legisladores de la oposición que apoyaron lo hicieron convencidos de que el compromiso no cambiaba demasiado la realidad de la explotación, ya que el proyecto está prácticamente en marcha.
Además, junto con el oficialismo, trabajaron en un nuevo despacho para aclarar algunas cuestiones que aparecían difusas en el proyecto original. En cambio, los que se opusieron explicaron que al ratificar el decreto 2.115 firmado por Jaque no existía posibilidad de mejora alguna en el convenio.
Así, parte del Confe (Andrés Marín, Alexandre Maza y Florinda Seoane), del radicalismo (los iglesistas Raúl Vicchi y Liliana Vietti), el Eje Peronista (Silvia Ramos) y los diputados de Unidad Popular (Patricia Gutiérrez y Roberto Blanco) trabajaron en el nuevo texto y le dijeron sí al convenio. El Partido Demócrata (PD) agregó un artículo y acompañó en su totalidad junto con los monobloques de Daniel Cassia y Luis Orbelli.
Como un modo de salvar el quiebre político en el recinto y de no entregar la totalidad de los recursos provinciales, el Frente Cívico en pleno presentó un proyecto de ley paralelo con el objetivo de que la jurisdicción de la línea Comahue-Cuyo pase a la provincia en lugar de quedar en manos de la Nación como indica una resolución del Ente Nacional de Energía (ENRE).
Esa discusión, no obstante, se librará a partir de la semana que viene y no incidirá específicamente en el desarrollo de la mina para extraer cloruro de potasio (fertilizante agrícola).
Conformes
"Hemos traído todo lo que nos han pedido, hasta el dictamen de Fiscalía de Estado", se jactó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien agregó que el convenio contempla aspectos que no están fijados en otras leyes nacionales para este tipo de proyectos.
"Desde varios puntos de vista se podría haber logrado un convenio mejor", apuntó Vietti. Tanto para la diputada como para el resto de sus colegas, el acuerdo financiero debería haber apuntado más alto. "Es un Gobierno débil que hizo un mal acuerdo", remarcó Marín.
En este sentido, explicaron que se había magnificado la cantidad de puestos de trabajo así como el mentado compre mendocino al que califican como una declaración de buenas intenciones. Por este motivo, la Secretaría de Ambiente fue colocada como organismo de control en estos temas.
El nuevo despacho también especificó que las obras con el dinero aportado por Vale no serán sólo en Malargüe (aunque sí se llevará la mayor parte) sino que deben tener un reparto provincial de acuerdo con los porcentajes de coparticipación.
Por otra parte, se agregó la necesidad de que cualquier modificación del convenio cuente con ratificación legislativa. "Son cambios en las reglas de aplicación de un convenio que no se puede cambiar", sintetizó Patricia Gutiérrez.
El Partido Demócrata, como ya viene siendo una costumbre en los proyectos polémicos, agregó un artículo de su autoría. "Pedimos que la provincia haga todas las acciones necesarias para defender la jurisdicción de la línea eléctrica", explicó Aldo Vinci, presidente del bloque. Y aclaró, además, que el dictamen del fiscal de Estado, Joaquín De Rosas, va en un sentido similar.
En contra
Diez de los doce radicales, Néstor Piedrafita de la Coalición Cívica, Ricardo Puga de Proyecto Independiente y los cobistas Humberto Montenegro, Luis Petri, Teresa Maza y María Rosa Lemos votaron en contra. Del Eje Peronista, Eduardo Casado también se opuso por ser de Alvear y estar en contra de la minería mientras que Nélida Martínez estuvo ausente.
"No nos permitieron modificar nada del convenio", apuntó Roberto Infante (UCR), quien razonó que al ratificar el decreto firmado por Jaque no hay mucho más que se pueda hacer. Además, el radicalismo cree que el dictamen de Fiscalía no tuvo ningún tipo de fundamento y, de hecho, acusan al fiscal de haberse "lavado las manos". "No queremos ceder las necesidades provinciales a las nacionales", agregó el radical Alejandro Molero.
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