Los integrantes de las comisiones de Recurso Hídricos y Hacienda convalidaron este martes en forma unánime el convenio entre Obras Sanitarias y la Universidad Tecnológica Nacional que busca obtener la declaración de impacto ambiental del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires (Opds) para el avance del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pasado el mediodía de este martes, el encuentro fue abierto por el oficialista Mario Lucchesi -presidente de Recursos Hídricos- quien destacó las características del nuevo convenio para la primera etapa de las tareas que devendrán en la instalación de la estación depuradora de aguas residuales de la ciudad. Precisó que se añadió en detalle la cantidad de profesionales de la UTN que intervendrán como también las tareas a cumplir y bregó por el consenso dado el tiempo existente hasta su tratamiento definitivo en sesión. Es que el expediente no será abordado hoy en el plenario por cuestiones de índole administrativas (debe tener despacho 48 horas antes de la realización del mismo).

En síntesis, este es un expediente que tiene historia y ha provocado duros cruces entre oficialismo y oposición. Fue tratado en comisiones hace cuatro meses y las condiciones “poco claras” del convenio, así como el precio a pagar por el Municipio desataron una catarata de cuestionamientos y acusaciones.

La semana pasada, Osse elevó un nuevo acuerdo con el establecimiento educativo, con diferencias sustanciales. Así, en el expediente se dejó asentado que el importe “constituye la total y única compensación por todo concepto”. Éste era un punto que el arco opositor pidió esclarecer en su momento.

El edil de la Unión Cívica Radical, Carlos Katz, remarcó ayer que la “nueva versión” del convenio “corrige gran parte” de lo señalado en la instancia previa, mientras elogió que sea “más explícito” y de mayor “transparencia”. Se mostró conforme con el trabajo realizado desde las fuerzas opositoras para procurar que se subsane la redacción jurídica que dejaba demasiadas dudas, como así también el trabajo de Osse y sus técnicos.

No obstante, dio cuenta de algunas observaciones mínimas a modificar, no sobre el convenio específico en sí, sino sobre la ordenanza. Katz solicitó que, a modo de “reaseguro” se agregue un artículo que establezca la obligación para la empresa municipal de presentar “al menos 3 presupuestos” para las etapas siguientes que requieren de estos mismos estudios de impacto ambiental, debido a que “no hay un cotejo”. El oficialismo se comprometió a estudiarlo en el lapso que queda hasta el plenario.

Específicamente, el edil Martín Aiello (AM) resaltó que siempre confiaron en la “transparencia” del expediente, aunque valoró la postura de la oposición en esta oportunidad. Aquí intervino Leticia González y acentuó que la versión original del acuerdo “no era ni transparente ni claro”, sino que lo actual era producto de los señalamientos realizados.

El tan cuestionado valor del convenio prácticamente no se mencionó. El primero establecía un monto de 720 mil pesos por tres estudios ambientales. Ahora, $245.044 fue el precio fijado, pero sólo por una de las evaluaciones –la de la primera etapa- ya que no se tuvieron en cuenta las que hay que realizar sobre la planta de compostaje de los barros cloacales y los de la Granja Energética Norte. Es más, la cifra es exactamente la misma que proponía el convenio original y que fue ferozmente atacada por las fuerzas opositoras. Las explicaciones que en su momento no “justificaban” el supuesto “precio desfasado” bajo ninguna circunstancia, ayer conformaron. La tranquilidad reinó ante el consenso y el expediente quedó aprobado por unanimidad, para ser abordado en sesión ordinaria definitivamente.