El combate contra el comercio ilegal en conjunto con las prácticas picarescas que se insertaron como cotidianas en la realidad tucumana, mostró ayer una de sus caras más lamentables, al registrarse significativos incidentes entre inspectores de Tránsito Municipal, fuerzas del orden y vendedores ambulantes, a quienes se intentó desalojar con sus puestos de venta ubicados tradicionalmente en la zona del microcentro.

Incluso, durante el desarrollo del operativo, se vivieron momentos de tensión donde se conjugaron improperios que subieron su nivel hasta llegar a transformarse en sendas agresiones físicas contra funcionarios, intimidaciones en perjuicio de los propios ambulantes y afectaciones a los transeúntes que se movilizaban por el lugar de la disputa.

A tempranas horas de la mañana, los móviles de la Municipalidad capitalina, en compañía de efectivos de la Policía provincial, se hicieron presentes en las intersecciones de calles Córdoba y Maipú con el objeto de solicitarles a las personas que despliegan allí sus improvisados escaparates para la comercialización de productos varios que debían retirarse del espacio público, en cumplimiento a lo determinado por un fallo judicial que data del 2006 (ver recuadro).

En un primer momento, el diálogo transitó por los carriles del respeto y la persuasión mutua, sin embargo, con el correr de los minutos y al no haber predisposición para acatar lo emanado desde las autoridades, la orden fue concretar de manera drástica el desalojo en cuestión.

A ello debe agregarse que lo determinante para que se exalten aún más los ánimos fue la agresión sufrida por parte de un hombre (presentaba un corte profundo en su rostro) quien trató de mediar en un episodio surgido entre una vendedora y un inspector, donde, de acuerdo al relato del afectado, se desarrollaba una maniobra irregular. "Le estaban queriendo pegar a la señora porque no le soltaba la coima", dijo el joven, quien se dirigió luego del incidente a la comisaría Primera para realizar la correspondiente denuncia.

A partir de allí, todas las miradas, acusaciones y reprimendas fueron direccionadas a Miguel Ángel Díaz (Coordinador de Operaciones de Tránsito) quien intentaba efectivizar lo dispuesto por la orden comunal, pero el clima se tornó demasiado adverso ya que entre varios vendedores rodearon al funcionario en medio de insultos e intentos de golpes de puño. Ante ello, tuvo que intervenir efectivos de Infantería que procedieron a custodiar a Díaz a lo largo del trayecto demarcado por calle Maipú al 200.

En determinado momento, el acoso se volvió de tal magnitud que el grado de defensa policial fue superado dado el énfasis expuesto en el reclamo, es por ello que el funcionario cuestionado fue increpado nuevamente frente a los locales del Mercado de Abasto, hasta el punto extremo en que debió hacerse lugar entre los peatones, apurar su paso y correr por las calles internas del mismo Mercado, siendo perseguido por los ambulantes.

Fue tal la incertidumbre acaecida que Díaz tuvo que guarecerse, en una primera instancia, en el baño público de mujeres ubicado en el histórico edificio. Allí pasó unos cuantos minutos hasta que la Policía lo acompañó pero pocos metros ya que el trayecto consistió en dirigirlo al baño, pero de caballeros. La escena adquirió pasajes de comicidad con tintes vergonzantes y hasta patéticos.

Mientras en el exterior del edificio tronaban las bombas de estruendo que demostraban el descontento de los vendedores que se mezclaban con el ritmo de los golpes que les impartían a los cestos especiales de basura ubicados en las intersecciones de las calles, una camioneta municipal tuvo que ingresar al Mercado para "rescatar" al encargado de coordinar el operativo. Con una disposición de hombres de azul esquematizada para la ocasión, rápidamente Díaz egresó de los baños y ascendió al móvil, en medios de silbidos e insultos por doquier, donde el calificativo de "coimero" era el eco que replicaba la movida mañana.

Con los ánimos un poco más aplacados, se cumplió con la medida de despejar las aceras ante la decisión de los vendedores de retirarse pero con el objeto de solicitar una inmediata y urgente reunión con otros funcionarios del municipio capitalino.

En tanto, el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Carlos Gómez, hizo referencia a este episodio y remarcó que el operativo "no es nada nuevo", por lo que explicó que "desde el Municipio tratamos de hacerles entender que no son enemigos del Gobierno, ni el Municipio tiene nada especial contra ellos (los ambulantes)".

"Hay una resolución judicial que establece que se debe liberar el microcentro de vendedores ambulantes", sostuvo, al tiempo de agregar que "la Dirección de Tránsito y Vía Pública está abocada a ese fin".

Gómez, asimismo, informó que la disposición emanada debe ser aplicada en toda la jurisdicción Capital, por lo que dejó en claro que "es una orden judicial, no un capricho del Intendente (Domingo Amaya)". Además, entre las manifestaciones vertidas, adujo que el operativo se viene realizando de forma permanente. Lo que cebe ser contrastado con el panorama diario, pues hasta ayer la presencia de venta callejera se proyectaba de forma incesante y sin controles.

Además, señaló que "a veces los hacemos con más presencia policial porque entendemos que la policía tiene también otras ocupaciones. Cuando tenemos más apoyo, los operativos son más efectivos", argumentó. Vale indicar que durante la tarde de ayer no se apreció el retorno inmediato de los vendedores ambulantes a sus respectivos puestos callejeros, principalmente aquellos que se ubican en las calles Maipú, Córdoba, Junín y Mendoza.

El desalojo definitivo debió efectuarse en 2006

Un fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que hizo lugar al recurso de amparo que interpuso la Federación Económica de Tucumán (FET) en 2006, ordenó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que en un plazo de 30 días (en ese entonces) libere el microcentro de vendedores ambulantes, medida que, hasta el momento, fue de efectividad casi nula.

La resolución de los camaristas Salvador Norberto Ruiz y Horacio Ricardo Castellanos exige que el municipio, a través de las autoridades y reparticiones pertinentes, “cese en la omisión de hacer cumplir las ordenanzas municipales debiendo garantizar y hacer efectiva la libre circulación de los ciudadanos por las calles y peatonales del ejido municipal”, en cumplimiento a lo establecido por el Código de Tránsito Municipal, en cuyo artículo 54 especifica: “Las aceras deben permanecer libres de ocupación de grupos de personas, vehículos, cosas u objetos que obstruyan, perturben o dificulten el tránsito de peatones”.