La crisis en las cárceles mendocinas ha permitido dejar al descubierto la ausencia de uno de los órganos de contralor legislativo, la Bicameral de Seguridad. Tras el recambio de principios de diciembre, esta comisión de seguimiento de las políticas provinciales de seguridad no se ha vuelto a conformar, mientras entre muros han ocurrido diversos hechos de violencia, con sucesivas tomas de rehenes y también con víctimas fatales entre los internos.

El verano -el período que va de fin de año hasta Vendimia, incluso- es una época especialmente conflictiva en los centros de reclusión de Mendoza. En los últimos meses, tanto en Almafuerte como en la vieja penitenciaría de Boulogne Sur Mer -incluyendo el complejo San Felipe, para adultos jóvenes- ha sido escenario de una espiral de violencia difícil de contener para las autoridades, desde diciembre pasado. En la última semana, se han producido dos revueltas, una de las cuales terminó con un guardiacárcel herido en varias partes del cuerpo al quedar como rehén de varios internos.

Desde diciembre, cuando comenzaron a intensificarse los enfrentamientos entre bandas rivales intramuros -con muertos que contaban con permiso de salida por el día-, los suicidios y las tomas de rehenes en reclamo de mejoras en la relación con los uniformados, la comisión integrada por diputados y senadores no ha vuelto a reunirse para seguir de cerca lo que ocurre en las cárceles de la provincia.

Por el momento, se encuentra acéfala. Su último presidente fue el radical Sergi Bruni, pero su nueva conformación deberá esperar hasta después del 2 de febrero, cuando termine el receso legislativo que comienza hoy miércoles. En Diputados, Jorge Tanús ya cuenta con los legisladores que participarán en la comisión: dos que siguen, el radical Luis Petri y el demócrata Aldo Vinci, y un justicialista que se suma, Claudio Díaz.

Pero las trabas se encuentran en la cámara que conduce el vicegobernador Carlos Ciurca. Hasta donde pudo saberse, todavía no están designados, en parte debido a que el Senado ha estado abocado a otras prioridades, como la aprobación del paquete de leyes del Presupuesto y también porque ha debido tratar la designación de María Inés Abrile de Vollmer como Directora General de Escuelas.

Por ley, la presidencia de la Bicameral corresponde a un legislador de la oposición y las cámaras se han turnado el lugar. En este caso, le toca a Diputados y los postulantes son dos: Petri y Vinci. Pero la tradición reza lo siguiente: el oficialismo se ha encargado en los últimos cuatro años de disponer que ese rol sea ocupado por legisladores no precisamente críticos con la gestión en materia de Seguridad.

"Hay que mejorar los canales de diálogo"

Alejandra Naman, de Nuevo Encuentro, es una de las senadoras que ha participado de la Bicameral. Respecto de la situación intramuros, sostuvo que "estoy preocupada, pero más que con los cambios de funcionarios, habría que mejorar los canales de diálogo". Para la legisladora que ahora es cercana al oficialismo, hay que poner la lupa en la preparación del personal penitenciario.

Naman sostuvo que fue un acierto que la Legislatura aprobara el Protocolo contra la Tortura -y, ojo, un sanción que llegó tras un tiempo dormida y después de que se hicieran conocidos los videos donde un grupo de cuardiacárceles golpeaba a dos internos de San Felipe-, pero agregó: "Hay que ver si se está aplicando".

"Falta aplicar la figura del Procurador Penitenciario"

Por su parte, el radical Petri recordó que el oficialismo se apresuró en querer sancionar una ley que permitiría reforzar los controles en el sistema carcelario. Se trata de la figura del Procurador Penitenciario.

"En el último tiempo, existieron avances, pero todavía no se pone en práctica lo del Procurador, a pesar de que el Gobierno nos apresuró para contar con la ley", indicó Petri.

Para el diputado radical, en los últimos tiempos se han flexibilizado los controles en las penitenciarías mendocinas. Sin embargo, con la separación de los directores de Almafuerte y San Felipe "el Gobierno ha dado una señal, porque reconoció que hay un problema y que la situación es grave".

"Fuerte malestar por los ascensos"

El justicialista disidente Daniel Cassia se mostró más receloso acerca de la gestión de Sebastián Sarmiento al frente del Servicio Penitenciario. Y aseguró que los ascensos que se han dado recientemente ha generado cierto resentimiento en los uniformados de la vieja escuela carcelaria. Malestar que ha sido captado por el ojo atento de los presos.

"Uno de los problemas es que los penitenciarios más jóvenes han obtenido ascensos rápidos y los han colocado en lugares complicados. Además, hay personal de mucha experiencia que ha sido suspendido por pequeñeces y porque no pertenece al círculo íntimo del director", aseguró.

Para Cassia, se registra una falta de autoridad en la línea jerárquica que sucede a Sarmiento -que fue confirmado en su cargo, tras la separación de los directores de Almafuerte y San Felipe- para resolver los conflictos que están surgiendo. A esto se suma la falta de personal para controlar a los internos y que hay muchos uniformados con problemas de salud pero que continúan trabajando, un hecho que los presos "conocen al dedillo", según el legislador.

"El sistema penitenciario está desmadrado y patas para arriba", definió Cassia y volvió a insistir que no puede estar bajo la directriz del Ministerio de Gobierno.

Sin Subsecretario de Justicia

En este panorama, sin una Bicameral que ponga la lupa sobre el Sistema Penitenciario, sin la figura todavía sin aplicar del Procurador Penitenciario, hay que sumarle el suspenso en el ministerio que dirige Félix González por llenar el vacío en la Subsecretaría de Justicia.

Debido a una interna en el oficialismo, el sucesor de Carlos Quiroga Nanclares todavía no ha sido designado. Para ese puesto, bajo cuyo organigrama se encuentran las cárceles, estaba pensado el juez Horacio Báez. Todos apuntan al supremo Mario Adaro la imposibilidad de que el camarista, que ya contaba con el ok del cuarto piso de Casa de Gobierno, finalmente no consiguiera la licencia necesario en el Poder Judicial para asumir como subsecretario en el equipo de Félix González.

En las últimas horas del martes, el ministro de Gobierno confirmó a las nuevas autoridades que se harán cargo de Almafuerte y San Felipe. Se trató de un movimiento de fichas, donde dos uniformados seguirán al mando de los penales, pero también de confirmación: pese a la crisis, Sebastián Sarmiento -desginado en su momento por Adaro- fue confirmado en como director del Sistema Penitenciario.