Letra muerta. Así se llama a las leyes que no se acatan, se ignoran o el Estado no puede hacer cumplir. Letra muerta son, actualmente, las ordenes de restricciones que pesan sobre cientos de varones cordobeses, quienes maltrataron, amenazaron o golpearon a mujeres, generalmente sus ex parejas.
El jueves no fue la única vez que el asesino desobedeció la orden judicial de no acercarse a su ex pareja. 14 días atrás, el 20 de septiembre, fue detenido in fraganti por acosar a Mariana. El fiscal Alejandro Moyano lo detuvo durante 48 horas.
12 días después de su liberación, el jueves último, Marcón ingresó al edificio en el que vivía la víctima, desenfundó el arma, disparó seis veces hacia ella (tres balas impactaron) y, al verla morir, se descerrajó un disparo en la boca.
La discusión judicial. Las implicancias de no respetar una orden de restricción no están claras: mientras la Fiscalía General considera que el incumplimiento es causal de imputación, la Cámara de Acusación va en un sentido contrario.
En agosto del año pasado –en un fallo conocido como Ferreyra Aliaga, Gonzalo–, la Cámara de Acusación opinó que la desobediencia de estas ordenes dictadas en el marco de la Justicia de Familia no constituyen un delito penal.
Ante esta resolución, al menos dos jueces provinciales fallaron en igual sentido. Por caso, en julio último el juez de Control Nº 3 de Córdoba, Luis Miguel Nassiz, sobreseyó del delito de desobediencia a la autoridad que se le imputaba a un hombre de 40 años (W.A.A., sus iniciales), quien, pese a tener una orden de exclusión desde diciembre de 2011, mantuvo un contacto con su pareja en febrero de este año.
Otros magistrados, en cambio, le dan a la orden de exclusión un tratamiento penal: el juez de Control Agustín Spina Gómez elevó a juicio una causa contra un hombre que acosó a su padre, a quien había atacado con anterioridad. Para este juez, desoír la orden de exclusión “acarrea desprestigio a la autoridad o entorpecimiento de la función judicial”.
Ahora, es el Tribunal Superior de Justicia el que debe hablar, para fijar un criterio inequívoco: en el Código Penal, el delito de desobediencia tiene una condena de 15 días a un año de arresto.
Para Ada Rico, directora del observatorio de femicidios que lleva adelante la ONG La Casa del Encuentro, no hay dudas: “Una orden de exclusión se dicta luego de comprobarse que hubo agresiones, no antes. Desobedecer la orden es un delito contemplado en el Código Penal. Sin embargo, por lo general, cuando esto pasa la Policía sólo retira al agresor del lugar. Hay que detenerlos y sumariarlos; judicializar todo estos casos”, dijo a Día a Día.
Control “imposible”. “El control de las órdenes de alejamiento es prácticamente imposible”. La que habló fue Esther Cafure de Battisteli, la vocal del Tribunal Superior de Justicia que tiene bajo su órbita las causas vinculadas con la violencia familiar.
La magistrada dijo que para prevenir los ataques “hace falta plata”, y admitió que las víctimas de violencia familiar “están solas”. “No tenemos muchas herramientas para tratar de evitar estas situaciones. Las ordenes de alejamiento son muchísimas; lo que nos está faltando es mucha ayuda para sostener a las víctimas, porque ¿quién abrió la puerta de ese departamento? No podemos poner un policía en cada caso”, apuntó.
12 femicidios en lo que va del año apuran las decisiones.
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7.979 casos de violencia
“Un número espeluznante”. Así definió Cafure de Battisteli a la cantidad de denuncias por violencia familiar que se presentaron en la provincia entre enero y agosto de este año: 7.979 expedientes, la mayoría en la ciudad.
Las estadísticas del Poder Judicial correspondientes a 2011 muestran claramente el peso de estas denuncias en la capital provincial. La Fiscalía que entiende en violencia familiar –Distrito 2 Turno 2, a cargo de Mercedes Ballestrini– tenía al 31 de diciembre 8.999 causas.
En 7.288 expedientes había imputados: 786 acusados estuvieron presos en algún tramo del proceso; mientras que otros 53 seguían detenidos a fin del año pasado.
Sobre el total de casos, 384 se resolvieron: 197 fueron a juicio, y en el resto la Fiscalía pidió el sobreseimiento.
Las casi ocho mil denuncias expuestas por Cafure de Battistelli vaticinan que cuando finalice 2012 habrá un incremento de casos, quizá un récord.
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