Tensos. Puricelli quedó a cargo de la difícil misión de guiar a la Fuerza Aérea en su imprevisto retorno al control del espacio aéreo. Cirielli encabezó la revuelta de su sector y generó problemas en varios aeropuertos. El enfrentamiento se mantiene.

Lejos de resolverse el conflicto con un simple decreto presidencial, el control aéreo podría entrar en caos en las próximas horas. Para los comodoros de la Fuerza Aérea no es una especulación, hay verdadera preocupación y aseguran que la problemática excede a un conflicto gremial de una docena de operadores técnicos encargados de controlar tráfico de aviones.

En las últimas horas el malestar de los habitantes de las torres de control se derramó en los aeropuertos del interior. Y para agregar más preocupación a la Casa Rosada, ayer el secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (Apta), Ricardo Cirielli, denunció penalmente al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), Alejandro Granados, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y por “haber puesto en peligro la seguridad aeroportuaria”.

La acusación que presentó el gremialista, a quien ahora el Gobierno acusa de “insurrecto”, en 22 carillas es casi cinematográfica: “El conflicto llegó a su máxima expresión el día 16 de noviembre, cuando las autoridades del Ministerio de Defensa y la Anac designaron en el Centro de Control Aéreo de Ezeiza a personal inidóneo y no capacitado para dicha tarea e impidieron el ingreso al área de supervisores cuya labor resulta esencial para garantizar la seguridad aérea”. A Cirelli sólo le faltó adelantar una tragedia por un impensado choque de aviones.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 1840/11 por el que se le transfiere a la Fuerza Aérea el control operativo de la navegación aérea, los brigadieres del Edificio Cóndor mascullaban rabia. El jefe de la fuerza, brigadier general Normando Constantino, se enteró por celular. La Presidenta se encontraba descansando en su residencia de Río Gallegos.

La noche anterior, Constantino había propuesto “no hacer un traslado de funciones de manera compulsiva porque iba a ser de imposible aplicación”, y recomendó un traspaso con un plazo mínimo de 180 días. Así está escrito en el borrador del proyecto que realizó el brigadier apenas le ordenaron hacerse cargo del asunto. También aclaró que el traspaso debía ser “con más fondos”.

“Al final nos usan como a un forro, para colmo usado”, ironizó un moderno brigadier el viernes minutos antes del mediodía. Constantino lo miró y no le contestó. Ninguno de los dos estaba solo. El hecho ocurrió en la escuela de aviación, en Córdoba, cuando finalizó una ceremonia en la que se despedía a un grupo de oficiales. Fue en la mitad del ágape cuando el jefe de la Fuerza Aérea recibió la llamada del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, donde le daba las instrucciones para que armara un proyecto para hacerse cargo el control del tránsito aéreo.

Después de escuchar las críticas de sus subordinados, Constantino comenzó a trabajar en el proyecto apenas bajó del avión que lo trajo de Córdoba. “La reunión con Schiavi terminó tarde, eran las diez de la noche y estaban viendo los detalles”, explicó a

PERFIL una fuente del Edificio Cóndor.

El sábado por la tarde, Constantino recibió la llamada que estaba esperando, pero no le transmitieron lo que tenía ganas de oír: “Gordo, la Presidenta quiere que te hagas cargo ya. Hay una crisis y no hay tiempo. Está firmando el decreto”. El brigadier general respiró profundo y llamó al comodoro Jorge Alberto Palermo para ordenarle su misión frente a la dirección general de Control de Tránsito Aéreo.

En la Fuerza Aérea dicen que Palermo es quien tiene mayor experiencia en el tema. “Estuvo él en la transición” cuando los servicios aeronáuticos estaban bajo la órbita de la fuerza. “Lo que no sabemos es qué va a hacer para controlar la cuestión gremial, ni Constantino sabe qué hacer con ese tema.”

Por el Decreto 1840 se transfirieron los 590 controladores aéreos que reportaban a la Anac a la Fuerza Aérea. Además de los controladores, también pasó bajo el mando militar el personal de apoyo de los controladores. Esta concesión tiene un plazo: un año. El artículo clave del decreto es el octavo. Establece que la FAA se encargará durante ese año de “seleccionar al personal que mantendrá condición de servicio” y que podrá hacer “cesar la comisión del personal transferido antes de dicho plazo”. Es decir, la medida apunta a depurar a los controladores “conflictivos”.

El traspaso a la órbita militar hace caer los convenios colectivos de trabajo: en el ámbito castrense no hay medida sindical que valga. Por eso es que los controladores resisten.

El miércoles, según el Ministerio de Defensa, el turno noche se presentó tarde a trabajar alegando que no estaban en condiciones “físicas” y “anímicas” de operar. Ellos lo desmintieron. Afirmaron que no los dejaron entrar a trabajar. La resistencia no ocurre

sólo en Ezeiza sino en el interior del país.

Ayer hubo conflictos en Rosario y El Calafate y se presume que pronto habrá medidas de fuerza en otros distritos del país. El vocero de los controladores en El Calafate, Héctor Ajalla, advirtió que la Presidenta “está mal asesorada”. “Si antes le quitaron a la Fuerza Aérea el control del espacio por corrupción, no se entiende por qué ahora le devuelven esa función”, indicó en declaraciones a una radio local. “En el lugar en el mundo de la Presidenta no tenemos baños, por ejemplo”, graficó el controlador aéreo, alineado con el sindicato de Cirielli.

Lo que estiman en el Gobierno es que, una vez que la Fuerza Aérea haga la depuración de personal, todos volverán a la Anac. “De los 590 controladores, hay sólo un grupito que es conflictivo, y es el que responde a Cirielli”, confió una fuente del Gobierno. Por eso quizás es que de los que se presentaron tarde a trabajar, que eran 12, tres quisieron desertar de la medida y se ofrecieron a presentarse en sus puestos.

Frustrado pedido al moyanismo

La decisión del Gobierno de intervenir la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) encendió la alarma en gran parte del sindicalismo y obligó a aliados y enemigos a reacomodar filas.

El sábado, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, llamó a Omar Viviani, uno de los aliados de Moyano, que ya se había encargado otras veces de mediar entre Mariano Recalde y los gremios de Aerolíneas. El funcionario le pidió al moyanismo que intercediera. Pero la presentación del Ministerio de Trabajo ante la Justicia laboral para intervenir APTA frenó la mediación. “No es contra vos, es contra todos. Nos quieren disciplinar”, le habría dicho Moyano a Ricardo Cirielli, cuando el secretario general de APTA lo llamó esta semana.

Los “gordos” se llamaron a silencio, pero Oscar Lescano, vocero de la embestida de ese sector contra Moyano en la interna de la central, llamó a Cirielli para solidarizarse con el sindicato. Antonio Caló, secretario general de la UOM, de buena relación con el Gobierno, llamó a Cirielli para interiorizarse de la situación.