Así como el juicio por jurados es ofrecido a la discusión pública como la vedette del sistema judicial de cara a los próximos tiempos, desde el Senado bonaerense se ha elegido a algunos jueces, camaristas y fiscales para que oficien de voceros para reinstalar el proyecto de ley que prevé la creación de la Policía judicial en la Provincia.

La semana pasada, en un plenario de cinco comisiones comenzaron a deliberar los lineamientos generales. El encuentro fue presidido por Diana Larraburu (Legislación General), Santiago Carreras (Derechos Humanos y Garantías y vice de Asuntos Constitucionales y Acuerdos), Jorge D’Onofrio (Seguridad) y José Luis Pallares (Reforma Política y Reforma del Estado), y participaron como invitados los diputados Marcelo Saín (Nuevo Encuentro), Juan de Jesús (FpV), Ramiro Gutiérrez (Proyecto Bonaerense), Pedro Simonini (CC), Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista), y Rubén Darío Golía (FpV).

La idea con aportes locales y foráneos comenzó a discutirse a principios de la década del ‘90. El antecesor de María del Carmen Falbo al frente de la Procuración General de la Suprema Corte, Eduardo Matías de la Cruz, había comenzado incluso a formar a una especie de lo que se denominó “instructores judiciales VIP”.

Estos personajes eran convocados en casos complejos y graves, como el doble crimen de una pareja en Bahía Blanca, el “Loco de la Ruta” en Mar del Plata o la extraña muerte del empresario Mariano Perel y su esposa en un apart hotel de Cariló. Basta con esas menciones, con tufillo a novela negra, para dar cuenta que de todos los casos a los que fueron convocados los instructores VIP, ninguno pudo ser esclarecido.

Así, las fiscalías comenzaron a tener instructores, pero, digamos, no VIP. Y que con la puesta en marcha de la reforma procesal penal habían sido pensados para reemplazar paulatinamente a la Policía en la investigación de los delitos. Vaya utopía... Ni con el anterior procurador y menos con la actual, se cumplieron esos iniciales objetivos. Tampoco el de la mentada “oralidad plena”.

Los jueces suelen señalar en sus fallos que “hoy se escribe mucho más que antes”.

El proyecto de los instructores VIP, incluso con las clases de artes marciales y cotizados entrenamientos con detectives franceses también fracasó. Los otros instructores -los no VIP- quedaron en el llano, en la trinchera, tapados de papeles, verificando día a día que no se venzan plazos de detenciones, prisiones preventivas o elevaciones a juicio. Burocracia plena. ¿Y la investigación criminal? Sigue en poder de la Policía, de las comisarías y de las DDI departamentales. En suma, maquillaje puro.

La idea respondía a la necesidad de un cambio por la cantidad de casos donde efectivos de las fuerzas de seguridad aparecían -y aparecen- implicados, desde la “maldita policía” en adelante: casos Bru, Núñez, Cabezas, Candela y la lista sigue... Decir que “sigue en poder de” no es algo menor. Porque el proyecto de Policía judicial que comenzó a discutir la semana pasada el Senado bonaerense tiene que ver con el manejo de las investigaciones. Eso implica control de culpabilidad, de inocencia, y de impunidad.

La libertad tiene precio. Por algo las cárceles están repletas de un solo sector de la población. Y el delito de guante blanco prescribe, se archiva o se desiste. Esa es la realidad actual de la capacidad de instrucción y de investigación penal en la Justicia bonaerense.