El Gobierno firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Pagará $ 48 mil más viáticos a docentes de esa unidad académica.
El pasado 8 de julio, el Gobernador Eduardo Brizuela del Moral firmó un decreto por el que aprueba el convenio suscripto entre el Estado provincial y la Facultad de Derecho de la provincia mediterránea. Sin embargo, el acuerdo se selló el 10 de septiembre de 2010 entre las partes.
Por la tarea encomendada, el Estado provincial pagará $ 48 mil a la Facultad, bajo la modalidad de dos pagos, un 50% con la presentación formal del proyecto y el otro 50% a los 45 días de la entrega del proyecto definitivo. Además, el Estado provincial queda obligado a afrontar los viáticos de los docentes designados por esa unidad académica.
Los letrados de la Universidad de Córdoba tendrán la misión de elaborar propuestas; la redacción del proyecto; participación en talleres o charlas debate; presentación del proyecto y colaboración en las distintas comisiones legislativas tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores.
Para cumplir con esos objetivos, se adelanta que los docentes seleccionados serán de las cátedras de Derecho Público Provincial y Municipal y de Derecho Parlamentario.
La Facultad de Derecho de la UNC pondrá a disposición de los docentes los equipos de trabajo, las oficinas y los equipos de computación, al igual que otros servicios generales de apoyo.
El convenio entró en vigencia a partir de la firma del decreto. Las tareas deberán cumplirse en un plazo de seis meses, es decir, que excederá el plazo que le queda de gestión al FCS.
Lo inédito de la situación es que la Provincia contrate profesionales de otra universidad cuando tiene una Facultad de Derecho en esta ciudad. Pero además que no confíe la tarea a sus propios legisladores del FCS que conocen la problemática municipal y las reformas que son necesarias aplicar a la ley. En la Cámara baja, el diputado Miguel Vázquez Sastre fue subsecretario de Asuntos Municipales durante varios años y cuenta además con otra experiencia anterior como asesor del Ministerio de Hacienda.
COPARTICIPACIÓN
El próximo jueves la presidenta de la Cámara de Senadores, Marta Grimaux de Blanco, recibirá en su despacho al intendente de Santa María Jorge Andersch, presidente de la comisión de Participación Municipal, quien le presentará la propuesta para modificar la ley de coparticipación municipal. Los intendentes ya consensuaron la necesidad de modificar el artículo Nº 7 de la creación del Fondo de Desarrollo Municipal, que representa un 3% del 25% del presupuesto provincial que se distribuye entre los municipios.
LA NECESIDAD DE LA REFORMA
En agosto del año pasado, el ministro de Gobierno, Javier Silva anticipó que el Gobierno impulsaba la reforma a la ley orgánica municipal.
La ley 4640 es de la intervención federal. Regula una serie de pautas de funcionamiento de municipios y comunas; desde los requisitos para constituir un nuevo municipio hasta las funciones de los concejos deliberantes.
La pretensión del Ejecutivo era que la reforma apunte a fijar pautas claras en aspectos que por ambigüedad o falta de explicitación de la norma se prestan a diversas interpretaciones que, en muchos casos, derivan en la judicialización de conflictos municipales. Tal el caso del quórum y la mayoría calificada en los concejos deliberantes.
La idea también apuntaba a delimitar competencias de otras figuras y funciones previstas en la norma; como la del intendente suplente. Además, compatibilizar con otra legislación que se sancionó con posterioridad como la ley de regalías y la de coparticipación municipal.
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