No tener antecedentes penales es uno de los requisitos que deben cumplir los contratados que aspiran ingresar a la administración pública provincial, según lo establecido por la ley de Modernización del Empleo Provincial, sancionada por la Legislatura el 17 de noviembre del año pasado.

Hasta el momento, de 1.500 aspirantes relevados por la Secretaría de la Gestión Pública, sobre un total de 4.362 que están en condiciones de ingresar, el 1% cuenta con antecedentes penales. En la mayoría de los casos se trata de faltas contravencionales, según lo informado por la Dirección de Recursos Humanos.

Cada caso en particular, de las personas que cuentan con antecedentes, debe ser analizado y valorado por la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a cargo del doctor Juan Luis Romero.

En cambio, el resto de los requisitos exigidos por la norma: estar al día con los impuestos y con el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), en caso de ser beneficiario del mismo, son requisitos cuyo cumplimiento depende exclusivamente del aspirante a ingresar a la administración pública.

El doctor Romero confirmó que, a su despacho, ha llegado el expediente de algunos contratados con antecedentes penales, los cuales le fueron remitidos por la Secretaría de la Gestión Pública junto con el respectivo prontuario.

“Nosotros tenemos que hacer una valoración del delito que se le imputa a cada aspirante y luego debemos emitir un dictamen no vinculante para que Gestión Pública resuelva la situación”, afirmó el secretario de Gobierno.

Romero señaló que es importante realizar una diferenciación en cuanto a los casos que deberá juzgar. Con relación a las personas que tengan una condena firme, se analizará la situación, y luego, emitirá un dictamen.

En cuanto a los contratados que son imputados por un delito, se debe respetar el principio de inocencia establecido por la Constitución Nacional, evaluando cada caso en particular.