Después de que el PJ presentara una denuncia formal por las supuestas irregularidades que el gobierno habría cometido en el desembarco de la empresa Cotreco para prestar el servicio de higiene urbana, ahora es el oficialismo el que amenaza con ir a la Justicia. Y el motivo vuelve a ser la basura. Ayer, el bloque Río Cuarto para Todos anunció que buscará formar una comisión especial para investigar por qué el Municipio perdió la demanda por las 80 hectáreas que están destinadas al enterramiento sanitario de los residuos. Incluso no se descarta presentar una denuncia penal contra Hugo Abrahan, actual presidente del Partido Justicialista, quien en 2002, cuando se inició el litigio, era fiscal municipal e inició la pelea judicial contra el propietario de las tierras, Carlos Roberto Calvo.

Este domingo, PUNTAL publicó una nota en la que detalló que el Tribunal Superior rechazó un recurso extraordinario que presentó la Municipalidad en 2010 para llevar la pelea judicial con Calvo hasta la Corte Suprema de la Nación. Así, cerró el camino que se había iniciado en 2002, cuando el gobierno de Alberto Cantero intentó pagarle al productor, dueño de las 100 hectáreas ubicadas camino a La Gilda en las que actualmente funciona el enterramiento sanitario, una deuda de 250 mil pesos a la conversión uno a uno, como si la convertibilidad no hubiera caído meses antes. Como los contratos ya se renegociaban con ajuste a valor de mercado, el productor reclamó una cifra mayor por sus tierras. No hubo acuerdo. Desde ese día, el Municipio perdió en todas las instancias judiciales.

El oficialismo salió con dureza a criticar el trabajo que inició Abrahan. “Hemos tomado conocimiento del fallo del Tribunal Superior que le ordena al Municipio de Río Cuarto devolver 80 hectáreas que habían sido adquiridas en 2001 para ser destinadas a un predio donde se haría el enterramiento de los residuos sólidos urbanos. Esa noticia ameritó que tomáramoProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 la decisión de pedir que se envíe a nuestro bloque la totalidad de la documentación obrante en ese tema, tanto las actuaciones administrativas como las judiciales. A partir de allí, queremos llegar a determinar quién fue el culpable de que hoy Río Cuarto deba devolver 80 hectáreas de terreno, no sólo por el monto que significa en capital sino también porque dentro de ese campo hay inversiones realizadas y, lo que es peor, ese campo había sido adquirido para tener previsibilidad en el tiempo respecto del enterramiento de los residuos. A partir de analizar las actuaciones vamos a pedir una comisión investigadora y si encontramos responsabilidades funcionales iremos a la Justicia con este tema”, manifestó Fabricio Pedruzzi, jefe del bloque oficialista.

El concejal explicó que, originalmente, el Municipio compró 100 hectáreas, de las cuales 80 entraron en litigio. En las 20 restantes hoy funciona el enterramiento pero el inconveniente que genera el fallo en contra es mayúsculo, dijo Pedruzzi.

“A corto plazo tenemos solucionado el enterramiento, pero perdimos previsibilidad. ¿Sabe lo difícil que va a ser conseguir un nuevo lugar con autorización de los vecinos, de Córdoba Ambiente, con los valores que actualmente tiene la tierra?”, manifestó.

Viviana Pomiglio, también concejala oficialista, le apuntó directamente a Abrahan, a quien tildó de lobbista e irresponsable. “Queremos conocer por qué se tomó la decisión de actuar como se actuó. Porque estamos hablando de que, si en ese momento el Municipio hubiera pagado como correspondía, la tierra podría haberle costado 320 pesos/dólares.

Hoy estamos hablando de un monto estimativo de pérdida de 5 millones de pesos. La irresponsabilidad con la que actuó el entonces fiscal municipal, Hugo Abrahan, ha hecho que llegáramos a esto. Es una persona que se caracteriza por andar haciendo lobby en distintas fiscalías, precisamente en temas tan sensibles como la recolección de residuos. Pero resulta que cuando debió actuar como fiscal terminó llevando a que los ciudadanos estemos expuestos a un serio problema ambiental, de salud pública y económico”, dijo Pomiglio.

La concejala oficialista agregó: “Se hicieron tan mal las cosas que sistemáticamente se fueron perdiendo todas las instancias judiciales. Hubo una actitud irresponsable, especuladora, que llevó a este final. Esto pone de manifiesto la gran irresponsabilidad del entonces funcionario Hugo Abrahan y actual presidente del PJ”.

Otro de los aspectos que el oficialismo enumera como daño es que la Municipalidad, que realizó inversiones en las 80 hectáreas, deberá reintegrar el predio en las mismas condiciones en que lo recibió originalmente del propietario.

El caso

* En 2001, el gobierno de Alberto Cantero inició negociaciones para comprarle a Carlos Roberto Calvo 100 hectáreas camino a La Gilda. Allí se iba a instalar la nueva planta de efluentes cloacales. Sin embargo, se terminó usando para el actual enterramiento sanitario.

* El Estado pagó 80 mil dólares por 20 hectáreas, que inmediatamente pasaron al Municipio.

* Pero el resto no estaba subdividido, una tarea que debía realizar la Municipalidad. Por eso se estableció que los 320 mil dólares que faltaban iban a pagarse en dos cuotas: 70 mil dólares el 23 de octubre de 2001 y los restantes 266 mil (aplicados los intereses) a 10 meses de concretada la venta. Poco después de esa fecha, a pesar de que se había caído la convertibilidad, el gobierno de Cantero intentó pagarle al productor a la paridad uno a uno. Calvo lo rechazó pero el Municipio le inició una demanda para que cumpliera el contrato. Desde entonces, el Estado perdió en todas las instancias.