El gobernador Alberto Weretilneck recibió ayer a los titulares de los órganos de control. La razón respondió a la imposición de parte de esos funcionarios de sus remuneraciones, decisión que originó interés -y también malestar- en el mandatario.

Su encuadramiento legal y su impacto político-institucional fueron analizados en ese cónclave, que se concretó pasado el mediodía en Casa de Gobierno. Minutos antes, el gobernador insistió ante periodistas en que estaba evaluando la situación de esos organismos.

Weretilneck recibió a los cuatro titulares de los órganos externos: el fiscal de Investigaciones Marcelo Ponzone; Juan Huentelaf, Erika Acosta y Mario Sabatella del Tribunal de Cuentas.

El ingreso de ellos a Casa de Gobierno fue un fiel reflejo del estado de ánimo de cada uno: Acosta y Sabatella lideraron la entrada y, atrás, Huentelaf y Ponzone. Ocurre que ambos fueron quienes mayores mensajes políticos se cruzaron con el cipoleño aunque esta disputa recién se exteriorizó con las resoluciones salariales del Tribunal y de la Fiscalía, que fijaron sus haberes cerca de los 40.000 pesos. Ese antecedente se sintió, pero la reunión fue distendida.

Informes legales y contables en mano, los contralores explicaron a Weretilneck que sus salarios eran inferiores a los percibidos por los anteriores vocales (que superaban los 50 mil pesos). Plantearon que esos haberes -abultados por el manejo de sus adicionales- fueron avalados por la Legislatura desde el 1994, sin observaciones, y ahora mantuvieron ese camino formal.

Dos horas antes, los cuatro se reunieron con el vicegobernador Carlos Peralta. En ambas reuniones, los miembros del Tribunal aportaron registros salariales, asegurando que la eliminación de la bonificación de antigüedad permitió una reducción en la masa salarial. También es cierto que esa reforma se cumplió en diciembre con la presidencia de Acosta. Todavía no habían arribado Huentelaf y Sabatella.

Esa resolución -registrada como N° 72/11- permitió en marzo que la Fiscalía concretara la N° 11/12 firmada por Ponzone. En esas normas, los órganos asumen facultades remunerativas que colisionan con la Constitución Provincial y las leyes de su creación.

El artículo 162 de la CP precisa que el vocal del Tribunal tiene iguales exigencias para ser legislador". La ley 2747 reafirma que su "remuneración será equivalente a la del Legislador", la cual, ronda de 22 mil a 30 mil pesos.

Por su parte, el artículo 165 de la CP establece que la FIA tiene "iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades" que un miembro del STJ. Luego, la ley de su creación N° 2594, reafirma su referencia con ese Poder.