La empresa realizó el relevamiento, verificación y constatación de los derechos de publicidad y propaganda en la vía pública. Según la denuncia del Contralor, se le adjudicó esas tareas sin que cumpliera con la presentación de documentación requerida en la licitación.

El ex secretario de Gobierno, Jorge Franchini, el ex secretario de Economía Juan José Deco, y la ex Directora General de Hacienda, Hebe Book, podrían enfrentar una causa penal por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario”, luego de una demanda presentada por el Tribunal de Contralor. La denuncia está relacionada con la contratación de la empresa Publicanos S.A., a la que se tercerizó el relevamiento y verificación de la publicidad en la vía pública, así como la gestión de cobro ante las firmas que auspician sus productos en la calle y comercios.

Publicanos S.A., tras la licitación correspondiente, logró durante la gestión de Cascón -a principio de 2011- un contrato que incluía la percepción del equivalente al 35 por ciento más IVA de las sumas que efectivamente se recauden e ingresen al municipio, como consecuencia de los servicios y gestiones prestados.

El Ejecutivo adjudicó la licitación a Publicanos y el 15 de abril, por disposición de la Secretaría de Economía “se fija un monto a favor de Publicanos S.A. de 189.909 pesos, en concepto de relevamiento, verificación y constatación de los hechos imponibles por Derechos de Publicidad y Propaganda”. Desde el gobierno, en ese momento anunciaron que irían a la caza de 20 millones de pesos por cartelería callejera de diversas empresas.

Sin embargo, el proceso licitatorio habría incurrido en irregularidades, según investigó el Tribunal de Contralor -en la gestión anterior-, y denunció el propio Intendente Omar Goye.

El 13 de enero de 2011 fue el acto de apertura de sobres, con dos ofertas, correspondientes a las empresas Gramura S.R.L. y Publicanos S.A. A la segunda, le faltaba entregar el certificado fiscal para contratar y el sellado de la oferta, por lo que se le otorgó 24 horas para presentarlos. La otra empresa omitió documentación, como la garantía y los libre deuda, por lo que se la desestimó.

Al día siguiente de ese acto, y a pesar de la falta de certificación emitido por la AFIP, se confeccionó un acta de preadjudicación con la firma, a pesar del incumplimiento. Consecuentemente, el Contralor resolvió iniciar formalmente una investigación “con la finalidad de delimitar eventuales responsabilidades en la preadjudicación de la firma Publicanos S.A”.

Incluso, Goye denunció que “lo que resulta sospechoso es que ambas sociedades tienen una composición societaria casi idéntica, donde los señores Diego Alberto Pisera y Josefina Smaltino son socios en ambas. Además las sociedades comparten en sus instrumentos de constitución el mismo domicilio legal en calle Gallo 606 Torre 1, piso 6 Dto. 5”.

Al margen de estas posibles irregularidades entre los privados, la investigación del Tribunal de Contralor “se centra en la actitud de los funcionarios que firmaron la contratación”, explicó a ANB la titular del Tribunal, Daniela Núñez.

Agregó que la contratación de Publicanos se realizó “sin tener la documentación necesaria. Cuando estudiamos el expediente -realizado por la anterior integración del Tribunal- vimos la sentencia que impunía sanciones administrativas a los funcionarios, y resolvimos presentar la denuncia penal”, amplió.

Ahora, el fiscal Marcos Burgos, sobre quien recayó la denuncia, deberá determinar si existen elementos para promovier la investigación. (ANB)