El obispo pampeano firmó un documento con sus pares de todo el país y lo "colgó" en la web de la diócesis en el que comprometen a "buscar la verdad" sobre la responsabilidad de la Iglesia en la dictadura militar e insta a los investigadores a hacerlo.
El obispo de La Pampa, Mario Poli, firmó junto a sus pares al término de la 104º Asamblea Plenaria un documento en el que dieron cuenta -con demasiada moderación- del papel de la jerarquía de la Iglesia Católica durante la dictadura militar. En la "Carta al pueblo de Dios", que el prelado pampeano reprodujo en la página web de la diócesis, el Episcopado rechazó toda acusación de "complicidad" con los militares y dijo que los obispos de entonces "intentaron hacer cuanto estaba a su alcance para el bien de todos".
Sin embargo, llama la atención que Poli haya firmado y difundido un documento en el que se afirma que se "buscará la verdad" sobre lo ocurrido en la Iglesia durante esos años e insta a los investigadores a hacerlo, pero él no permite el acceso a los archivos del obispado y ha dado orden a sacerdotes y otros colaboradores que estuvieron en esos años y aún permanecen en La Pampa a hablar y dar su testimonio sobre lo ocurrido durante el obispado de Adolfo Arana (1973-1983).
Acusaciones.
El documento eclesiástico fue realizado el 9 de noviembre pasado en Pilar al término de la asamblea plenaria del Episcopado. Los obispos argentinos trataron allí el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y las complicidades entre la jerarquía católica y el régimen militar. Fue después de las declaraciones en ese sentido del dictador Rafael Videla difundidas en un libro y ha instancias de un importante grupo de laicos, unos cuatrocientos, que reclamaron una postura sobre el tema por parte de los prelados.
En el escrito, cuyo contenido está completo en la página web del obispado pampeano, se rechazó la acusación de complicidad y pidieron perdón "por acciones u omisiones". También se admitió que no todos los prelados actuaron "con idénticos criterios".
Archivos y bocas cerradas.
Resaltan para el caso pampeano los puntos 7 y 8 del documento del Episcopado. Poli, un académico dedicado a la historia eclesiástica, no ha permitido hasta el momento el acceso a los archivos de la diócesis. Solamente algunos historiadores de la Universidad Nacional de La Pampa han podido consultar documentación que tenga más de 60 años, según sus palabras al autor de esta nota. Ese archivo es particular y depende del obispado, aunque en otras diócesis se han dado casos de su apertura.
Pero también ha ordenado a los miembros del clero o colaboradores que estuvieron durante las décadas del sesenta y setenta en La Pampa, y aún están en la provincia, a dar su testimonio sobre la historia de la Iglesia local en esos años. Los consultados al respecto, se han referido al pedido del obispo para consentir un "voto de silencio" sobre lo sucedido durante el obispado de Arana -señalado como colaborador del grupo de tareas de la Subzona 14 dado que conocía lo que ocurría en la represión ilegal- y remiten directamente cualquier interés al obispado.
Contradicciones.
Es clara la contradicción de Poli entre su acción y el escrito que suscribió con sus pares. En el punto 7 del documento del Episcopado, se afirma: "Queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados. Cuando la justicia es demasiado largamente esperada, deja de ser justicia, y agrega dolor y escepticismo. Sabemos que en miles de familias hay heridas abiertas y angustiosas, por lo acontecido después del secuestro, detención o desaparición de un ser querido. Compartimos el dolor de todos ellos y reiteramos el pedido de perdón a quienes hayamos defraudado o no acompañado como debimos".
Y en el punto 8, los obispos señalan: "Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf Jn 8,32). Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance. Asimismo alentamos a otros interesados e investigadores, a realizarlo en los ámbitos que corresponda. De nuestra parte, hemos colaborado con la justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer. Además, exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes".
Sin embargo, Poli ha "clausurado" los archivos. Y por lo visto, también acalló cualquier testimonio que pueda comprometer la imagen de la Iglesia Católica durante los años del Terrorismo de Estado.
Voces en contra.
Por su parte, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres calificó de "pobre" e "insuficiente" el documento emitido por el Episcopado. Y lamentaron que los obispos hayan perdido otra oportunidad para dar cuenta de las responsabilidades de la jerarquía y su complicidad con el terrorismo de Estado y dijeron que el documento se enmarca en la "teoría de los dos demonios".
En uno de los párrafos más críticos de la declaración dice que "debemos confesar que nos escandaliza que ante la sociedad parezca que usar preservativo sea más grave que la tortura; que la homosexualidad es una enfermedad perversa y más grave que ser un torturador o presenciar con sadismo y complicidad sesiones de tortura, que el aborto de una mujer angustiada en su situación de embarazo no deseado o provocado sea tenido por genocidio y como algo mucho más grave que arrojar personas vivas al mar, atadas, dopadas y secuestradas".
Pedido para su secuestro
Actualmente hay un pedido de una querella en la investigación de la causa denominada Subzona 14 II para que se abran los archivos del obispado. El abogado Franco Catalani y el escritor Juan Carlos Pumilla reclamaron al Juzgado Federal de Santa Rosa que "se realice inspección ocular en el Obispado de Santa Rosa y, de ser necesario se secuestre documentación archivada, producida en el período de tiempo investigado, que pueda ser de utilidad para el trámite de la presente causa. Esta solicitud obedece a que existen evidencias abundantes con relación a la estrecha vinculación que mantenía la cúpula militar con la cúpula eclesiástica, en la identificación conjunta de víctimas de terrorismo de Estado". El juez federal Pedro Zabala sólo contestó "téngase presente". Una especie de "lo voy a considerar".

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