El canciller García-Margallo reconoció que el país “está en una crisis de enorme magnitud”. En esta semana, España bajó dos escalones en la calificación de S&P y mostró nuevos records sobre el crecimiento de la desocupación.
La Encuesta de Población Activa (EPA) arrojó que más de 5,6 millones de personas están hoy sin trabajo, el equivalente al 24,44 por ciento. Entre los jóvenes la tasa de desempleo alcanza el 52% (921 mil personas) y entre los extranjeros la situación afecta al 36,95% (1,3 millones). Sólo entre enero y marzo, el número de desempleados subió en 365.900. Unos guarismos que los sindicatos atribuyen en buena parte a la reforma laboral que impulsó el gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigor en febrero. Esta modificación que facilita y abarata el despido en España llevó a los sindicatos a convocar el pasado 29 de marzo la primera huelga general de la era Rajoy.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) coincidió con la visión de los gremios y, a través de las palabras del director del Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL), Raymond Torres, expresó que los nuevos datos “simbolizan que hay que cambiar el rumbo de la política económica”. Con el abaratamiento del despido “no se puede esperar en ningún caso que pueda producir una creación de empleo”, sino más bien “una destrucción de empleo porque evidentemente el despido es más fácil”, concluyó.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, por su parte, juzgó conveniente mandar un mensaje de apoyo a Rajoy y, desde Bruselas, declaró: “Confiamos en los compromisos del gobierno español para 2012 y 2013.” Sucede que buena parte de los ajustes y reformas que realiza España se justifican con la idea de respetar el compromiso de déficit fiscal fijado con la Unión Europea. Con ese fin, y a pesar de que rechazó la idea durante la campaña electoral y antes criticó al gobierno socialista por una medida similar, Rajoy decidió subir el IVA en 2013.
“Se va a producir una modificación de la estructura de la imposición en España, con una reducción de la imposición sobre el trabajo y un aumento sobre la imposición al consumo”, anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras el consejo de ministros. Con esta medida el ejecutivo conservador pretende recaudar unos 8000 millones de euros adicionales. <
Dpa, Efe y Ansa

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