También, anunciaron que los delegados de subte no continuarán con medidas de fuerza pero sí se seguirán sumando firmas al petitorio además de convocar encuentros en las Comunas para debatir el tema.

El representante de los trabajadores de subtes, Néstor Segovia, rechazó la disposición de la Justicia asegurando que “el magistrado se sintió presionado por la patronal", y se preguntó "en qué se argumenta la Justicia para decir que tiene que valer 2,50".

Con más críticas al juez Lima, el delegado manifestó que "en el fallo en ocho oportunidades dice que no quiere afectar al servicio y después afirma que no quiere afectar la economía de la empresa, lo mismo que Metrovías”.

Por su parte y en congruencia con lo expuesto, los legisladores del FPV brindaron su apoyo a los empleados del subterráneo y afirmaron que van a acompañar todas las demandas realizadas para dar marcha atrás con "este importante aumento que impuso el Gobierno de Mauricio Macri y que avaló el juez Lima".

“Vamos a apoyar todas las instancias participativas que busquen lograr una mejor calidad en el servicio y que defiendan los bolsillos de los usuarios y no las ganancias de la empresa y el tarifazo para aumentar la caja del Gobierno de la Ciudad”, señaló Gullo.

El legislador afirmó que “van a bregar para que los sectores de menores recursos, los jubilados, los estudiantes y los usuarios habituales tengan una tarifa preferencial a la hora de viajar”.

“Este pedido y el aumento de la tarifa del boleto (sin una previa audiencia pública) demuestra la imprudencia y la arbitrariedad con la que actúa el macrismo”, advirtió Gullo, al tiempo que indicó que “es hora de que la Ciudad trabaje seriamente para que se mejore la calidad de servicio y que los usuarios puedan viajar de manera correcta”.

Pese a que no participó del encuentro, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, se sumó a la movida y anunció que apelarán ante la Cámara el fallo del juez Lima.

En declaraciones radiales dijo que se trata de “un fallo muy particular” porque “rechaza la cautelar con el argumento de que no es urgente suspender el aumento por considerar que la nueva tarifa no provocará un daño irreparable a los usuarios”.

Asimismo, indicó que en su resolución, el magistrado “también dice que se toma 20 días, que se están tramitando los pedidos de amparo y que en un plazo de no más de 20 días habrá una resolución definitiva tras reunir más elementos”. Polino se preguntó “qué más elementos tiene que reunir cuando se violó la Constitución Nacional y la Ley 210 de la Ciudad de Buenos Aires” que, “en su artículo 13 dice que la audiencia pública es obligatoria antes de decidir aumentos o modificación del cuadro tarifario”.

“Queda claro que se sacó la cuestión de encima. Soy optimista de lo que resuelvan después de la apelación".

Por último, y en relación a la concreción de una audiencia pública indicó que "permitiría acceder a la estructura de costos de la empresa de Metrovías, conocer qué inversiones piensa hacer y cuál es su rentabilidad”.