Los reclamos que persisten son por talas de árboles en fincas que sostienen, se encuentran dentro de lo que reclaman como territorio indígena, además de desmontes que se habían iniciado en la zona de la comunidad de La Corzuela.

Nuevo Diario consultó a la Secretaría de Política Ambiental desde donde sólo se atinó a decir que por la denuncia se había iniciado un sumario y, por lo tanto, no se podía decir de quién era el desmonte, ni la cantidad de hectáreas a desmontar.

Se agregó que por este caso se "requirió informes al IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas), e INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a fin que determinen si existe documentación que acredita la antigüedad de la ocupación de esa comunidad en la zona y, eventualmente, límites geográficos que manifiestan ostentar".

Otros reclamos de la comunidad apuntan a la apertura de picadas y deslindes que, según la dependencia oficial son "realizados por criollos habitantes en la zona desde tiempos ancestrales y otras comunidades de originarios (específicamente 'Las Moras'), quienes ya tienen tierras reconocidas y están procediendo a su cerramiento".

Al ser consultado, Roca reconoció que habría algunas negociaciones con los indígenas de Las Moras y los empresarios que compraron las tierras, pero sostuvo que en este caso "quieren darles las tierras en comodato, no reconociéndoles la propiedad", lo cual implicaría un reconocimiento de la propiedad de quien compró las tierras.

Por ahora los miembros de la comunidad están pidiendo la directa intervención del INAI en la situación, en tanto sostienen que su cartografía no es reconocida por las entidades oficiales de la provincia. Roca sostuvo que teme realizar un corte total, dado que ya fue intimado por la Justicia cuando realizó una medida similar ante empresas petroleras.