La venta en subasta pública de 20.600 hectáreas del departamento La Paz sigue generando nuevas sospechas. Es que, según una publicación del diario cordobés La Voz del Interior, detrás de la compra de las tierras lapaceñas estaría la famosa “trenza”, un grupo que supuestamente manipula remates y que inclusive históricamente ha sido vinculado con “aprietes” para que eventuales compradores desistan.

Y sostiene que el martillero Félix Bruno Juaneda reconoce que, efectivamente, “uno de los compradores es de ‘la trenza’”.

Juaneda, junto a la oficial de justicia de Recreo a Norma del Valle Cortés firmaron actas en las que se establece que el campo ahora subastado “se encontraba desocupado de cosas y personas”.

Una realidad muy distinta a lo que figuraba en esas actas fue comprobada por El Ancasti, cuando a principios de mayo constató que en el lugar viven unas 30 familias, distribuidas en los puestos de San Lorenzo, El Salvador, Santa Elena, Pozo Escondido, San José, El Quimilo y el campo de Santa Eufemia. Que hay tres escuelas, postas sanitarias, una delegación comunal y cientos de caprinos que constituyen la economía de subsistencia de los pobladores de la zona. Algunos cuentan con títulos de propiedad en orden y otros con una posesión de las tierras que supera en varias décadas la posesión veinteñal.

La empresa Antonio García e Hijos obtuvo un cuantioso crédito del Banco de Córdoba poniendo como garantía el título del campo bajo litigio. Y al declararse en quiebra los contrayentes, el Banco sacó a remate las tierras.

“Los abogados del Banco aconsejaron al directorio no hacer declaraciones para evitar futuros juicios”, dijo el vocero de prensa de la entidad crediticia.

Un reclamo desoído

El remate se concretó el pasado 22 de abril. Las tierras fueron vendidas al mejor postor por un millón de pesos, a razón de 48,5 pesos la hectárea. Pero sucede que Jorge Brasca es dueño y está en posesión de un campo de casi 1.500 hectáreas que, por una superposición dominial preocupante, quedaron dentro de las 20.600 hectáreas rematadas.

Brasca pidió que se declare la falsedad del acta de constatación -firmada por una oficial de justicia recreína- que aseguraba que el campo estaba desocupado de "cosas y personas". Y reclamó la nulidad de la escritura hipotecaria, porque no describe con precisión la ubicación del inmueble.