Es que, para el viernes pasado, los concejales habían citado a la intendente de la localidad, Ana María Escalante, para que detalle -y entregue- las rendiciones de gastos (balances) correspondientes al primer semestre de 2010. Sin embargo, la jefa comunal (enfrentada con la mayoría opositora) faltó por enésima vez a una cita con el parlamento local.

Es que, hasta ahora, la Intendente había señalado que no es ella quien debe remitir los balances al Concejo sino el Tribunal de Cuentas de la Provincia, con el que la Comuna firmó un convenio (el 29 de junio) para la supervisión de sus números.

Sin embargo, los concejales recibieron una notificación escrita del organismo provincial donde se apunta que el Tribunal de Cuentas no tiene en su poder rendición alguna del Municipio de Santa Ana.

Es decir, difícilmente el Tribunal de Cuentas puede informar al Concejo si la Intendente no remitió la documentación. Además, según el convenio firmado por el Ejecutivo municipal de Santa Ana y el organismo provincial, para que Escalante pueda girar el expediente, éste debe tener el visto bueno de los ediles.

“Todo el tiempo la Intendente dijo que el Tribunal de Cuentas debía informarnos. Pero ¿cómo iba a hacerlo si ella nunca envió la documentación? Además, tal expediente debe contar con nuestro aval pero ella se niega a entregarnos el balance”, comentó la concejal Laura Cabrera.

Paralelamente, el Concejo sigue adelante con la investigación por el pedido de juicio político presentado por vecinos por supuestas irregularidades en la utilización del “Fondo Sojero”.