El conflicto en el barrio Químico parece no solucionarse todavía. Sin embargo, ahora la postura entre los propios habitantes de las casas están divididas. Hay quienes no quieren dejar las viviendas y quienes pretenden seguir negociando y llegar a un acuerdo.

"Nosotros estamos dispuestos a dejar las casas cuando lleguemos a un acuerdo, y creemos que falta poco para eso", apuntó ayer uno de los habitantes de las viviendas, en representación de unas 15 ó 16 familias que optarían por este camino.

Del otro lado, están aquellos que temen desalojar el barrio y quedarse con las manos vacías. "Nosotros decidimos que no nos vamos a ir". Plantado en su postura, otro de los habitantes de las casas reflejó a EL POPULAR cuál era el sentimiento de las otras 11 ó 12 familias, luego de una jornada de intensas negociaciones.

Ayer a alrededor de las 11, representantes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y autoridades del Sindicato Químico de la localidad se reunieron con quienes ocupan las casas del complejo habitacional que aún no está enteramente construido.

El encuentro duró 4 horas. Y "en líneas generales existió un marco de negociación y acudieron todos los ocupantes de las viviendas", decía a este Diario el auditor interno del Ministerio de Infraestructura provincial, José González Hueso, luego del encuentro.

El acuerdo pretendía que los habitantes de las viviendas desalojaran el barrio y luego, una vez concluidas las obras, se realizara un sorteo en base a puntaje, evaluando las necesidades de cada caso particular.

Para media tarde, la situación hacía pensar en un acuerdo entre ocupantes y el Instituto de la Vivienda. De hecho, González Hueso se mostraba optimista después de tantas horas de negociación. Sin embargo, dentro del propio barrio las aguas están divididas.

La postura de los primeros se debe, básicamente, "a que nosotros no creemos que si nos vamos, después tengamos la posibilidad de ir a un sorteo. Si desalojamos, después no nos van a dar nada", dijo uno de los vecinos.

Del lado de enfrente, hay quienes optan por consensuar y terminar este conflicto. "Lo que sucede es que esas 11 ó 12 familias toman siempre las decisiones de manera unilateral y no es así, no todos queremos quedarnos porque no queremos tener problemas con la Justicia. Pretendemos hacer las cosas de la mejor manera posible y pensamos que llegar a un acuerdo es el mejor camino", contó uno de lo ocupantes.

Mientras tanto, ya hay una denuncia penal que recayó en manos del fiscal Martín Pizzolo. Fue realizada a fines de marzo y seguirá su curso en tanto no haya acuerdo. La causa se iba a desarrollar en el marco de negociaciones. Así habían acordado González Hueso y Pizzolo luego del encuentro de ayer. "La intención era encauzar el caso en una especie de mediación penal, porque había alternativas de resolución de conflictos y, si llegamos a un acuerdo, será dentro del marco penal", explicaba el auditor de Vivienda. Esto implicaba que, mientras se cumpliera lo acordado, la causa no seguiría adelante.

Reuniones y desencuentros

A poco de la finalización de la extensa reunión de la mañana, en las instalaciones del propio Sindicato Químico sierrabayanse, González Hueso hablaba de una reunión "positiva en líneas generales".

Desde el organismo provincial habían llegado con una propuesta concreta que pusiera fin al conflicto que arrancó a fines de enero. "Básicamente, insistimos con que desalojen las casas, algo necesario para poder concluir las obras de las 30 viviendas previstas", apuntó el funcionario provincial.

Una vez dado este paso, la idea era definir un criterio de selección por puntaje, y consiste en llevar adelante una evaluación y ver "quiénes son los que tienen más necesidad y cumplen, al mismo tiempo, con los requisitos que establece la normativa para ser preadjudicatario. En ese marco, establecer el orden de asignación, porque todos sabemos que acá hay menos viviendas que cantidad de gente con derechos", destacó González Hueso.

Actualmente son entre 11 y 12 las familias las que quieren quedarse en las viviendas. "Son familias que ocupan las casas que más construcción tienen, las que en mejores condiciones están porque las demás no tienen techo o paredes", explicó uno de los habitantes del complejo.

Pero también están aquellos que habitan el lugar sin techo o paredes. Y serían quienes pretenden llegar a un acuerdo con las autoridades provinciales.