De acuerdo a la versión del testigo serian entre 10 a 12 los civiles que, vendados y atados son sogas, fueron introducidos en la espesura del monte para posteriormente ser asesinados con disparos de armas de fuego, encontrándose entre las víctimas Francisco “Pancho” Bogarin y Cantalicio Mazacotte, vecinos de la ciudad de Clorinda donde también reside el ex soldado y que por conocimiento anterior de tales ejecutados asegura que fueron dos de las personas fallecidas en tales circunstancias.

Las tareas de búsqueda del lugar donde se habrían enterrados los cuerpos de quienes hasta la actualidad permanecen en condición de “desaparecidos”, se iniciaron a instancia del doctor Pedro Velázquez Ibarra quien se constituyó en parte querellante en representación de los familiares de Bogarin y Mazacotte en las actuaciones tramitadas ante la Fiscalía N° 1 del Juzgado Federal a cargo del doctor Horacio Rodríguez.

Esta medida probatoria se reanuda luego de estar suspendida varios meses por diversos motivos y pese a la insistencia de la parte querellante que en reiteradas ocasiones reclamo infructuosamente que también se lleven a cabo pruebas de reconocimiento de fotos de los asesinos, reconocimiento de las instalaciones del Regimiento con individualización de los vehículos que según el testigo fueron utilizados para consumar la masacre y, fundamentalmente, la inmediata detención de jefes y oficiales de Gendarmería Nacional reconocidos por un ex integrante de esta fuerza de seguridad como autores materiales del secuestro de “Pancho” Bogarin y Mazacotte.

Las omisiones, o directamente la inactividad, de los fiscales preocupan desde siempre a víctimas, familiares y organismos defensores de derechos humanos, quienes asimismo reclaman desde hace años sin éxito que el Gobernador Gildo Insfrán ordene la constitución en parte querellante del Estado Provincial, como ocurre en el resto del país sin lograr que el primer mandatario impulse las causas por delitos de lesa humanidad, limitándose a realizar meros actos recordatorios anuales cada 24 de marzo sin impulsar judicialmente las declamados banderas por la Memoria, la Verdad y la Justicia.