La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a tomar intervención directa en el conflicto entre las provincias de Santiago del Estero y Tucumán por la afectación que causan las industrias radicadas en esta última a la Cuenca Salí-Dulce. En este sentido, el Máximo Tribunal ya cuenta en su poder con un informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan José Mussi, donde se establece el estado de situación que acontece en la negociación entre las dos regiones, como así también se grafican las medidas dispuestas por parte de los empresarios con el objeto de revertir la degradación ecológica del sector.

Es dable recordar que Santiago interpuso un amparo ambiental en el que solicita una medida cautelar para que se concrete la suspensión de aquellas plantas de elaboración de bioetanol que no cuenten con el sistema de tratamiento o que no posean las obras para no arrojar vinaza a los cursos de agua tucumanos que alimentan el embalse Río Hondo.

En los últimos días, Mussi mantuvo un encuentro con el defensor del pueblo de la vecina provincia, Martín Díaz Achaval y el ministro de la producción local, Jorge Feijóo, momento en el cual se elevaron los puntos en común al que arribaron para menguar el grado de conflictividad reinante.

Entre dichos aspectos, se recalca el compromiso de vinaza y ceniza cero a partir de 2012 por parte de Tucumán, un sistema de tratamiento del agua de lavado de caña funcionando al 100 por ciento al final de la zafra 2013, presentación de los Convenios de Reconversión Industrial (CRI) hasta el 26 de enero y que estén aprobados en marzo antes de la zafra 2012, y en caso de incumplimiento de cualquiera de estos puntos, suspensión de la producción hasta que se cumplimenten.

Además, la pretensión de Santiago es que la Secretaría comandada por Mussi se constituya como garante de ese acuerdo y además cuente con la posibilidad de erigirse con poder de policía facultada para la aplicación de las respectivas sanciones hacia los ingenios infractores.