Tras la finalización del nuevo trámite de información pública promovido por la Junta de Andalucía respecto a la solicitud de la empresa Portland Valderribas de modificar la autorización ambiental integrada de su planta cementera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para que la misma incinere derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible, la plataforma constituida en Alcalá contra dicha iniciativa ha informado de que contabiliza un total de 138 alegaciones formalizadas contra la pretensión de la empresa, 18 de colectivos y 120 de particulares.

Según señala la plataforma, estas 138 alegaciones casi triplican al cerca de medio centenar de alegaciones formalizadas en el periodo de información pública promovido en el otoño de 2020 y repetido ahora "para cumplir el trámite de información a colindantes", tras denunciar el colectivo una infracción respecto a "los días estipulados por ley respecto a los plazos de información a la ciudadanía".

Además, la plataforma destaca "la alta participación de empresas y personas colindantes con la fábrica de cemento o muy próximas a ella, de la Barriada de la Liebre o Quintanilla, que suponen el 37,7 por ciento de los escritos presentados".

LAS CONSECUENCIAS

En sus anteriores alegaciones, según la plataforma alcalareña constituida contra dicho proyecto de la empresa cementera, estos colectivos insistían ya en que si se permite que la planta incinere derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible, podrá "quemar un máximo de 197.000 toneladas al año de residuos", con las consiguientes consecuencias en materia ambiental y para la salud de los habitantes de la zona.

Del mismo modo, los colectivos han invocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ratificada por el Supremo, que allá por 2017 anuló el procedimiento seguido por la Junta de Andalucía para aprobar esta modificación solicitada años atrás por Portland Valderribas para la autorización ambiental de su planta cementera, a fin de que la misma pueda incinerar derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

ESCRITO A LA JUNTA

Al respecto, el colectivo Al Wadi-Ira/Ecologistas en Acción solicitaba recientemente a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la anulación del nuevo trámite de información pública promovido por dicho departamento respecto a la petición de Portland para "la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada" de su planta cementera alcalareña, como ejecución de la citada sentencia.

Los ecologistas, en un escrito recogido por Europa Press, reclamaban a la Administración andaluza que anulase dicho trámite, bajo la premisa de que "no se ha estimado correctamente el sentido y alcance de la sentencia del TSJA y no se ha llevado a cabo la preceptiva participación pública de la ciudadanía en la toma de decisiones".

Y es que según esgrimían en su escrito, rememorando la sentencia en cuestión, el procedimiento de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada incurre en una "nulidad de pleno derecho, por la inexistencia del preceptivo y vinculante informe de compatibilidad urbanística y no de anulabilidad, como así se ha resuelto" por parte de la Administración andaluza.

"Lo que se anula es el procedimiento completo, no una parte", esgrimían los ecologistas, señalando la maniobra de la Administración andaluza para "retrotraer" el proceso administrativo.