El Gobernador Martín Buzzi fue contundente la semana pasada al adjudicar el grueso de la violencia urbana que está afectando a Comodoro Rivadavia, al consumo de drogas y otras sustancias, que además de afectar a quienes reaccionan con actitudes delictivas genera un circuito de consumo, venta y liberación de zonas a todo tipo de actividades por fuera de la ley y el orden público.
La recorrida, de la que también participó el secretario general de la Gobernación, Guillermo Almirón, el subsecretario de Seguridad, Diego Carmona, los diputados Félix Sotomayor y Gustavo Reyes, personal de Obras Públicas y del municipio, comenzó en la Unidad Regional y luego se desarrolló por las siete hectáreas que posee este predio en la zona de Manantiales Behr en la ciudad petrolera.
Atacar el consumo
El ministro Touriñan expresó que “vamos a tratar de formalizar este centro de tratamiento de adicciones y es posible también un centro de rehabilitación socio educativo en este predio, y la idea es que sea un organismo mixto que tenga participación el estado provincial, el estado municipal y diferentes ONGs que estén trabajando en materia de drogodependencia y otro tipo de adicciones”.
Detalló además que se está trabajando en forma conjunta con diferentes áreas ya que “se ha conformado un equipo interdisciplinario para determinar que tipo de obras son necesarias para empezar a avanzar y también vamos a pedirle a la gente de vialidad que nos arregle un poco el camino”.
El funcionario aclaró que “hay dos casos distintos, por un lado está el centro de rehabilitación social y educativa, que está hecho para menores que tienen problemas con la ley, pero no problema de adicciones. Cuando una persona es adicta, ya estamos hablando de una enfermedad, y la obligación del estado es tratar los casos de salud, por eso no hay limites de edad para esto, en el caso anterior es sólo para menores, así lo dispone la ley, tienen que ser menores de más de 16 años. En la provincia hay dos centros de estos, uno en la zona del valle y otro en Esquel”.
Por su parte, el ministro de Salud, Osvaldo Luján dijo que “existe la necesidad, y el tema consiste en buscar una solución que nos permita tener los equipos necesarios terapéuticos como para poder devolver a la sociedad a los jóvenes que tenemos con estos inconvenientes”.
Agregó además que “lugares como éste existen en otros lugares del país y nosotros debemos tener nuestro centro que nos permita poder contar con equipos interdisciplinarios. Hay cuerpos de salud dentro del ministerio en toda la provincia, tenemos una dirección general y equipos en las cuatro áreas programáticas, lo que tendríamos que hacer es empezar a trabajar sobre este aspecto particular que es el funcionamiento específico de un centro de adicciones”.
El diputado Félix Sotomayor puso en valor la decisión de concretar este proyecto “esto es una deuda que tiene nuestro gobierno –dijo-, y en buena hora que el Gobernador Buzzi, el ministro Touriñan y el ministro Luján hayan encarado este emprendimiento”.
Añadió también que “hace un tiempo hemos presentado en legislatura un proyecto en conjunto con el diputado Reyes, la diputada Gallegos, el diputado Mariñanco y la diputada Llanos, donde intentábamos legislar sobre la cuestión y en este mismo lugar constituir el centro de tratamiento de adicciones, por lo que el proyecto tiene estado parlamentario, está en la comisión de legislación social, siendo tratado específicamente por esa comisión, ahora habrá que consensuar y readecuar este proyecto para constituirlo en lo que hoy es ley del ejecutivo, tratando de incorporar al manejo de este nuevo instituto al municipio y a organizaciones no gubernamentales”.
Otros frentes
Entre otras cosas, las medidas de seguridad con las que avanzaría Touriñán comprenden el férreo control de los ingresos a la ciudad a través de la policía caminera. Se suma la incorporación de cuadros especiales de la Gendarmería para control de drogas y delitos peligrosos, la avanzada sobre los Vips, el control de las operaciones comerciales que expongan sospechas, la intensificación de tareas de seguimiento en barrios, escuelas, grupos de trabajos en riesgo, y otras alternativas destinadas a acotar el nivel de venta y circulación de estupefacientes.
Sugerencias para el nuevo Código Penal
El Ministerio de Justicia de la Nación ya anunció la habilitación en Internet de un sitio en el cual los ciudadanos podrán realizar sus aportes y opiniones para la reforma que se impulsa desde el Gobierno nacional y del que participa también la dirigencia opositora.
En paralelo, fue creada por el Gobierno nacional una comisión para emprender la reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación. Del acto tomaron parte la presidenta de la Nación, el juez Eugenio Zaffaroni, que presidirá la comisión, y representantes de la oposición. Ahora, la cartera de Justicia y Derechos Humanos que encabeza Julio Alak habilitó un canal que servirá para que la ciudadanía realice sus aportes y opiniones para la reforma en marcha.
Se trata de un sitio de Internet en el portal Infojus, donde en los próximos 120 días juristas, organizaciones de la sociedad civil y particulares podrán aportar sugerencias y opiniones respecto de la reforma. Cabe consignar que el anteproyecto que surja de este trabajo debería ser elevado al Poder Ejecutivo en un plazo de 180 días corridos a partir de la fecha de constitución de la Comisión.
Impulsan un Registro Nacional de Drogas Ilegales Incautadas
La iniciativa fue presentada por un grupo de legisladores del Gen. El Registro funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia. En el mismo, se dejarán los datos detallados de la mercancía secuestrada y se los cargará a una red informática, a modo de información y consulta para los investigadores.
Un grupo de legisladores del Gen presentaron un proyecto de ley en donde se establece la creación del Registro Nacional de Drogas Ilegales Incautadas, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En el mismo, se asentarán los datos de los estupefacientes secuestrados y dicha información será dirigida a la autoridad competente.
Los firmantes son Fabián Peralta, Gerardo Milman, Margarita Stolbizer, Virginia Linares y Omar Duclos y aseguran entre sus fundamentos que se trata de una de las problemáticas “primordiales” de las que debe ocuparse el Estado: “Para dar una idea de cantidades, hasta octubre de 2009 se incautaron 72 toneladas de marihuana y otras siete toneladas de cocaína”.
Acorde a lo estipulado en la legislación vigente, la droga incautada debe ser inmediatamente incinerada tras la prosecución de las causas. “Sin embargo, hasta el momento no hay ningún mecanismo que nos permita saber de forma fehaciente cual es el destino final de la droga confiscada” y por eso decidieron extremar las medidas.
En este sentido, el artículo 3 otorga un plazo de 10 días a las autoridades competentes (poderes judiciales y fuerzas de seguridad) a partir del secuestro de la mercancía para elaborar un informe elevado al Registro en el que conste lugar y fecha del allanamiento, cantidad y tipo de droga y datos de los testigos participantes, entre otros.
Por otra parte, para asegurar la agilidad en el entrecruzamiento de datos, “se establecerá la creación de un apropiado Sistema Informático que se implementará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humano”, según consta en el artículo 4° que servirá a modo de “intercambio de información y consulta”.
Para finalizar, en el 6° apartado obliga la destrucción de las drogas incautadas, procedimiento que “se llevará a cabo en el lugar y por los métodos que el juez de la jurisdicción interviniente establezca”.
Se pospuso la reunión por despenalización de drogas
El debate sobre despenalización de estupefacientes, que en principio estaba programado para este jueves 31 de mayo, finalmente se pospuso para el próximo martes 5 de junio a partir de las 10. Ese día, las comisiones de Legislación Penal y Prevención de Adicciones escucharán la opinión de especialistas de cara al debate sobre la legalización del consumo personal de marihuana, tema sobre el cual hay presentados al menos cuatro proyectos –tres en Diputados y uno en el Senado, impulsado por Aníbal Fernández-. Asistirán funcionarios públicos de los ministerios de Salud, Seguridad y Justicia, del Poder Judicial y del SEDRONAR, así como también organizaciones civiles y agrupaciones cannábicas. El consumo de drogas en todo el país requiere de un profundo debate sobre las medidas a adoptar.











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