Empresas piden al PE que les cancele con cheques diferidos un pasivo de $ 130 millones. La demora de la Nación, durante 2009, en el envío de remesas, generó el "rojo". Durán dice que el Ipvdu ya efectuó pagos.
La llegada de las remesas se fueron normalizando desde entonces, lo que permitió avanzar en los pagos. Los empresarios solicitaron que el resto de lo adeudado sea cubierto con cheques diferidos (no se aceptarán títulos públicos transferibles), y que sean entregados en un solo acto para tener certeza y previsibilidad en el manejo financiero de las cuentas.
El monto del pasivo fue calculado por el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Durán, en alrededor de $ 130 millones hasta julio pasado, cifra que fue informada al ministro de Economía, Jorge Jiménez, para que tenga una base de conversación con la Cámara. El volumen adeudado representa $ 50 millones menos que lo terminó adeudándose en 2009.
"Al haber bajado el ritmo de trabajo y haber concluido algunos barrios, tenemos un excedente de dinero que lo destinamos a cancelar el pasivo", detalló el funcionario. Además, resaltó la trascendencia del aporte nacional para financiar las obras públicas de edificación: "en este mes ya llegaron $ 35 millones, que se suman a los $ 17 millones aportados por el erario provincial, lo que permite cumplir con los compromisos asumidos y amortizar la deuda que teníamos de arrastre con las empresas".
Duplex en Lomas de Tafí
Una nueva entrega de casas en el megabarrio Lomas de Tafí tendrá lugar hoy, cuando se distribuyan las llaves de 188 duplex sobre la avenida central. El objetivo es que hasta fin de año estén ya en manos de sus propietarios 1.000 unidades habitacionales del emprendimiento.
"Se avanza también en otros puntos del Gran San Miguel de Tucumán, como las 1.000 viviendas en San Andrés que estarán entre marzo y julio de 2011, o las unidades habitacionales de Delfín Gallo y de Villa Mariano Moreno, que están próximos a la entrega", explicó Durán.
El interventor se desvinculó totalmente de la polémica por la venta irregular de propiedades que se construirán en el barrio Judicial, donde hay denuncias de que se dispusieron dos y más veces cada casa.
"Desconocemos el sistema que implementó el gremio, en tanto entidad intermedia. El sindicato nos dona el terreno y nosotros edificamos; ellos le cobran la superficie al futuro propietario. Hicimos miles de operatorias iguales, y en ésta hay problemas que no son nuestros. Hasta renunciamos al llamado cupo libre (se ubican familias por fuera del grupo original de afiliados) para que tengan más propiedades. El IPV sólo revisa que los beneficiarios cumplan con las condiciones exigidas por ley", explicó
La denuncia consiste en que hay más de 300 inscriptos que pagaron un anticipo al gremio que conduce Ada Altuve, pero sólo se edificarán 227 viviendas.
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