La delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) cuestionó severamente al interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán. A la vez que se objetó el accionar del funcionario, se despegó de las críticas al gobernador, José Alperovich, de quien reconocieron las gestiones por la obra pública en Tucumán.

"La provincia, gracias a la permanente y fructífera acción del gobernador se ha visto favorecida entre los otros distritos. Es por ello que durante estos años hemos acompañado el trabajo de este Gobierno, aun con los altibajos de la economía; y no puede decir que a la fecha, alguna de las empresas nucleadas en nuestra Cámara haya detenido la ejecución de una obra", sostuvo el presidente de la entidad, Antonio Viola.

Hecha la salvedad, el empresario manifestó severos reparos contra la tarea de Durán. "Lamentablemente, después de tanto esfuerzo, el interventor del Ipvdu, un funcionario de tercer nivel, con un accionar irresponsable, discrecional y hegemónico, y pone trabas al desarrollo de las obras", cuestionó.

El primer punto que la CAC le recriminó al funcionario tiene que ver con la metodología con la que se abonarían los certificados de obra (documentos con los cuales se liquidan los trabajos concretados por cada empresa). "Las constructoras cobran según la voluntad de Durán. Algunas perciben los pagos hasta un mes antes que el resto de los contratistas. Lo curioso es que siempre son las mismas firmas las beneficiadas: basta ver las planillas de transferencias al banco por parte del Ipvdu", denunció Viola.

Añadió que este hecho, sumado a la deuda que el Estado mantiene con las firmas (superaría los $ 150 millones) agrava la situación del sector. "Desde nuestra Cámara se ha venido solicitando un reparto justo y equilibrado de las partidas que llegan, a lo que siempre se ha hecho oídos sordos", criticó.

Pero la arremetida no concluyó allí. Tras reprocharle la supuesta discriminación en los pagos, Viola le endilgó al funcionario la misma actitud en lo referido a la contratación de trabajos públicos. "La adjudicación de obras, que de un tiempo a esta parte no se realizan por licitaciones públicas, como dispone la ley, es otra atribución asumida por el interventor. El las viene repartiendo en forma discrecional, y dispone qué empresa trabaja y cuál no. Las de la Cámara Argentina de la Construcción son permanentemente soslayadas", aseveró.

Dudas sobre el criterio

Viola también embistió contra el megaemprendimiento Lomas de Tafí. De ese complejo habitacional, dividido en 20 sectores (cuando esté terminado, constará de 5.000 casas, más dependencias como escuelas, plazas y comisaría,), se entregaron las primeras 600 viviendas el 29 de diciembre de 2008. Otras, 4.204 están en edificación, mientras que las restantes 196 aún no fueron licitadas. El Ipvdu esperaba entregar una nueva tanda en abril, pero no será posible. Se trata del 30% de la segunda etapa, denominada "Lomas 3.000" por la cantidad de viviendas incluidas.

El titular de la CAC cuestionó el criterio para decidir qué sector de viviendas se entregará en julio. El domingo pasado, Durán había adelantado a LA GACETA que iba a reunirse con los representantes de las constructoras Batcon, Omodeo y Gama, para planear cómo terminar en 60 días las las 927 viviendas que esas firmas tienen a su cargo, a fin de entregaras en julio. Corresponden a los sectores VI, VII y VIII, que según el funcionario presentan un promedio de avance de obra de entre el 92% y el 95%.

"Por lo menos hay otros cinco sectores, que comprenden unas 1.431 casas, en igual o superior porcentaje de avance obras. Pero los tres (sectores) elegidos son ejecutados por el grupo de las que primero perciben los pagos por las certificaciones. No cabe duda de que se acordó un aporte financiero extraordinario para estas empresas, que repercutirá en futuros pagos al resto", manifestó. (Ver "Lomas 3.000")

Guarida para malhechores

Viola concluyó sus planteos con una advertencia respecto de Lomas de Tafí. El empresario estimó que las casi 1.000 casas próximas a entregar estarán en medio de viviendas vacías que podrían servir de guarida para malhechores.

En dos producciones especiales publicadas por LA GACETA el 28 de diciembre de 2009 y el 25 de enero de este año, los vecinos daban cuenta, precisamente, de la constante inseguridad (en especial, hurtos y arrebatos) que se vivía en el barrio, a poco de cumplirse un año de la entrega de las primeras casas y a un mes después del primer aniversario de la cesión. La Policía, incluso, llegó a amparar un plan especial, diagramado con los habitantes del lugar, para hacer frente a la delincuencia.

"Las casas vacías carecen de infraestructura necesaria para su funcionamiento; la provisión de energía y de agua potable está sin concluir, a lo que debe sumarse la falta de un acceso para el transporte y para otros servicio esenciales. Ubicar más de 900 familias rodeadas por 3.400 casas en obra, y que cada una de estas puede ser refugio de un delincuente es temerario, y puede terminar en graves consecuencias para la gente allí instalada", puntualizó Viola.

"Lomas 3000"

92% Batcon (Sector VI - 287 casas)

93% ByM (Sector VI)

62% Boero (Sector VI)

85% Falivene (Sector XV - 329 casas)

94% Omodeo (Sector VII - 294 casas)

98% Gama SRL (Sector VIII - 346 casas)

95% Tensolite SA (Sector VIII)

87% CEG (Sector XII - 289 casas)

98% Horbet (Sector IX - 282 casas)

78% Tawe (Sector X - 284 casas)

98% Ingema (Sector XIV - 312 casas)

89% VHA (Sector XIII - 287 casas)

72% Viluco SA (Sector XI - 290 casas)