Constructoras reclaman a Saiz $ 120 millones

Constructoras reclaman a Saiz $ 120 millones
La gestión radical acumula presiones de acreedores antes de terminar su mandato. El titular de la Cámara de Constructores se reunió con Oliva porque no cobran desde hace dos meses.
La transición en Río Negro se centraliza en la presión de los acreedores del Estado. Las empresas constructoras -con un reclamo de 120 a 130 millones de pesos- se sumaron a las gestiones de cobro realizadas por prestadores médicos y contratistas de servicios.

Las peticiones se agrupan en Hacienda, que está concentrada en la recaudación de recursos para el pago de los salarios públicos.

La semana pasada, el ministro Carlos Oliva se reunió con el próximo titular de esa cartera, Alejandro Palmieri. Ambos repasaron números y compromisos.

Luego, Palmieri se entrevistó con el subsecretario de Presupuesto, Eduardo Bacci. Los lineamientos del proyecto para el ejercicio 2012 conformaron la principal temática de la conversación. Seguramente, el futuro ministro está semana volverá a Viedma para continuar con los encuentros técnicos.

Mientras tanto, Hacienda recepciona múltiples reclamos por deudas del Estado, correspondientes tanto a empresas privadas como sociedades públicas.

El presidente de la Cámara de Constructores, Juan Castelli se entrevistó el miércoles con Oliva para solicitarle transferencias adeudadas por obras ejecutadas. En realidad, estos contratistas tienen acumulados impagos un importante número de certificados. Hace años que esta situación se repite con el Estado provincial, aunque la preocupación se genera actualmente por el cierre del ciclo y el cambio de gobierno.

El listado de obras por cobrar contempla aquellas contratadas directamente por distintas áreas del Estado y, también las ejecutadas por el IPPV. El cálculo de la deuda oscilaría entre 120 a 130 millones, según fuentes privadas consultadas. Obviamente, la estimación gubernamental es muy inferior al desentenderse de los compromisos nacionales.

Las empresas aplican la totalidad de los certificados pendientes, incluyendo contratos por la actualización de costos que todavía están en discusión.

"El atraso de dos meses en el Estado provincial es normal, pero ahora todos presionan porque están asustados con la posibilidad de que no puedan cobrar", manifestó un técnico de Hacienda.

Un repaso sobre los últimos registros de ejecución consigna que solamente en las partidas 421 y 422 -bajo las denominaciones de "construcciones en bienes de dominio público" y "privado"- totalizan 450 millones por "compromisos" frente a pagos que supera los 322 millones.

Esto quiere decir que esa brecha proyecta un pasivo superior a los 120 millones. (AV)

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