El ex legislador y ex ministro Luis Bardegia ya conduce el IPPV, con mando también sobre Viviendas Rionegrinas, una sociedad crediticia de la provincia. El instituto adeuda casi 33 millones a empresas constructoras y el tratamiento de ese pasivo será importante para la definición de las nuevas políticas habitacionales.

Las obligaciones pendientes totales de Río Negro con el sector de la construcción superan los 74 millones. Esa situación comenzó a analizarse ayer en una reunión de funcionarios, empresarios y gremialistas.

Mientras tanto, Bardeggia recopila información y evalúa la situación del IPPV. Resuelve también qué equipo lo acompañará para manejar una estructura de 120 agentes y un presupuesto ejecutado en el 2011 cercano a los 320 millones. Pero la determinación del gobierno de Alberto Weretilneck es que la intervención del IPPV concentre también acciones y ejecuciones de Viviendas Rionegrinas SE, con un presupuesto de 23 millones y unos 120 empleados.

La estructura de esa sociedad pública sorprendió a Bardeggia, quien requirió mayor información y habría confirmado que esa firma estatal arrojaría un déficit anual superior al millón de pesos, a pesar de su acotado movimiento crediticio a partir de la entrega de materiales de construcción. Un informe se estaría confeccionado para esclarecer su estado económico financiero.

Simultáneamente, en diálogo con LU19, el gobernador adelantó que habrá denuncias contra dos firmas del Estado por "irregularidades". No identificó a las mismas pero expresó que "una empresa dio pérdidas" pero "sus directivos –funcionarios radicales– se dieron un bonus de premio de 60.000 pesos para cada uno".

Ayer el gobierno inició la negociación con las constructoras. Los funcionarios –entre ellos, el ministro de Obras Públicas, César Del Valle y Bardeggia– se reunieron en Trabajo con autoridades de la Cámara de Construcción, participando miembros del gremio de la Uocra. Los temas abordados se concentraron en las obras por ejecutar, la continuidad de puestos laborales y los pagos de la provincia.

La deuda con las constructoras supera los 74 millones de pesos. El IPPV analiza su pasivo de 32,8 millones. La lista alcanza a una decena de firmas, aunque una de ellas concentra algo más de 15 millones. Además, la provincia tiene otros 41,2 millones en certificaciones por pagar a esas empresas a través de Obras Públicas.

En realidad, el endeudamiento del IPPV ronda el 10 por ciento de su presupuesto, por lo cual es posible un programa de cancelación aunque sus tiempos dependerán del flujo de recursos. En ese sentido, la Nación adeuda transferencias a Río Negro por planes del Fonavi.