Dijo que "En 1986 incorporamos a la Constitución local el derecho de los padres salteños a que sus hijos reciban educación religiosa de acuerdo a sus propias convicciones. En 1994 al reformarse la Constitución Nacional, además se le dio rango constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece idéntico principio para todos los países signatarios, entre ellos la Argentina.

Esto significa reconocer un derecho que cada familia podrá o no ejercitar, en un marco de absoluta libertad, pero está claro que es un derecho humano y que no existe razón alguna para que sea cercenado. El profesor de religión en la escuela pública debe formar en valores, que por otra parte son comunes a todos los que creen en la trascendencia de la vida, y tener en cuenta la heterogeneidad religiosa que pueda existir en su clase, para lo cual los diferentes cultos deben prestar su asistencia.

En el clima de tolerancia y de diálogo inter-religioso que hoy impera, esto es perfectamente posible. Nuestra sociedad es mayoritariamente creyente, pero en un clima de pluralidad conviven perfectamente los salteños que tienen fé, con aquellos que son agnósticos, y la existencia transcurre así en un marco de respeto".

Sin fundamento

Para Gómez Diez "no tiene fundamento la actitud del INADI nacional, el que debe limitarse a respetar los principios y derechos constitucionales nacionales y provinciales, además de la autonomía local y la idiosincrasia del pueblo de Salta, ocupándose en todo caso de las muchas discriminaciones que se producen en su ámbito nacional y de las cuales sería bueno debatir".