El pedido de “pronto despacho” de parte de la Oficina Anticorrupción a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y Delitos Especiales para las causas que tienen que ver con posibles hechos de corrupción en la gestión del Frente Cívico y Social generó un fuerte revuelo en el arco político provincial.
“Entiendo que esto en la jerga judicial podría considerarse como una humillación, porque se le está pidiendo a los responsables de la Justicia que trabajen y que hagan lo que tiene que hacer”, señaló el diputado oficialista.
El diputado continuó cuestionando el accionar de los fiscales y de toda la Justicia al señalar que “es preocupante esta situación”.
“Acá por un lado tenemos un organismo con Fiscalía de Estado que investiga posibles delitos que afectan los intereses de la provincia, que realizó varias denuncias en este sentido, aportando pruebas y documentación, pero vemos que del otro lado es muy poco lo que se hace, dejando a la sociedad en una situación de desazón respecto a que pasó con estos posibles delitos”, señaló el diputado.
Por otra parte, Chico consideró que esta falta de respuesta por parte de los fiscales “sólo puede tener dos respuestas”.
“O por un lado queda demostrado los funcionarios de la Justicia son inoperantes y que hacen poco o nada, o por el contrario que están tratando de proteger a ciertas personas involucradas”, aseveró el diputado provincial.
Chico señaló además que esta falta de novedades en cuanto a las denuncias que están siendo investigadas por los fiscales “es algo que van a tener que explicar a la comunidad que está esperando respuestas y que está decepcionada con el accionar de la Justicia”.
“Hoy la ciudadanía en su conjunto no confía en la Justicia y con estas actitudes se le está dando la razón”, agregó el legislador.
Por último, el diputado señaló que esta situación será analizada en el bloque de diputados del oficialismo y que “seguramente tendremos algún posicionamiento acompañando este pedido de parte de Fiscalía de Estado”.
Las causas
Cabe señalar que el “pronto despacho” que pidió la Oficina anticorrupción a la Unidad Fiscal de Delitos a la Administración Pública y Delitos Especiales tiene que ver con las investigaciones sobre el megafraude en Desarrollo Social; el escándalo por la entrega de los créditos FondeTur; el destino de las utilidades de la empresa estatal Somica Dem y las causas conocidas como OSEP II y III, que tienen que ver con la compra de medicamentos oncológicos por sumas millonarias en la gestión del ex director de la Obra Social, Arturo Aguirre, entre otras más.
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