"Nos pusimos de acuerdo y consideramos que no era necesario hoy una ley de puertos, pero sí ir atacando distintos sectores, como ser las tasas que hoy se cobran en los puertos según la competitividad y nos pusimos de acuerdo entre los públicos, los gremios y los privados en trabajar conjuntamente" en ese sentido, expresó Ferré ante la consulta de LA CAPITAL.

En setiembre del año pasado el Gobierno intentó aplicar una tasa para recaudar entre 500 y 800 millones de pesos por año de los movimientos de contenedores en las terminales portuarias. La medida, que llegó a convertirse en ley, desató un fuerte cruce con el sector.

La negociación posterior derivó en la suspensión de la tasa hasta el 31 de diciembre para los 20 puertos de la provincia y el aumento en un punto el pago de los Ingresos Brutos para los puertos que facturen, más de 30 millones de pesos anuales.

Además el Ministerio de Producción provincial y los distintos sectores de la actividad portuaria acordaron crear una comisión de revisión normativa y otra de costos y tarifas. Ambas deberían funcionar este año mientras dura la suspensión del artículo 26 de la última reforma impositiva.

La primera tenía el objetivo de redactar una ley de puertos que al menos respalde a los consorcios portuarios -creados por decreto- y establezca un Fondo de Infraestructura Portuaria con el depósito del 30% de la facturación total. La otra estaba encargada de revisar y disminuir los costos de funcionamiento de los puertos y estudiar aumentos de tarifas teniendo en cuenta la competitividad con otros puertos.

Según lo dicho por el ministro de Producción ya se dispusieron aumentos de tarifas en los puertos de San Nicolás y La Plata, mientras que en Quequén, primero, se está estudiando la nueva terminal de contenedores.