La renuncia de José Abregú a la titularidad del Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros (SUTAPPA) fue recibida con agrado por parte de la concejal capitalina Sandra Manzone (Coalición Cívica), ya que a su entender "resultaba necesario y urgente enviar una fuerte señal desde la Intendencia de que sí existe decisión política para comenzar a generar cambios en serio en el servicio de taxis".

El ex funcionario de este organismo dimitió a su cargo alegando razones personales, por lo que su lugar fue ocupado por Víctor Macaró, quien se desempeñara anteriormente en la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (DIPSA). "La gestión anterior se encontraba agotada, manifiesto esto en una falta de voluntad e incapacidad para producir modificaciones de fondo en un sistema actualmente viciado, plagado de situaciones irregulares y que terminaron por acostumbrar al vecino a convivir en la incertidumbre permanente", adujo Manzone.

En este sentido, la edil indicó que continúa recibiendo denuncias ante la circulación de vehículos ilegales que transitan y prestan servicio con absoluta normalidad, además refirió la existencia de casos de matrículas adulteradas e incluso automotores que recorren la Capital teniendo asentamiento legal en otras jurisdicciones municipales y provinciales. Al respecto, una de las referentes opositoras en el cuerpo deliberativo de la Ciudad sostuvo que los pedidos de informes vinculados al tema presentados desde enero pasado, hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna.

"La situación actual de caos no se resuelve con parches ni cambios cosméticos. Apostamos a que exista la decisión política de generar esos cambios profundos que se necesitan para terminar con la ilegalidad y la corrupción, y poder normalizar finalmente el sistema", consideró Manzone.

Si bien se alegaron motivos personales que propiciaron la dimisión de Abregú, extraoficialmente, la decisión responde a las constantes quejas que recaían sobre el accionar del SUTRAPPA y su grado de deficiencia al momento de encarar los controles respectivos en las unidades que prestaban el servicio de manera ilegal.