“La responsabilidad penal, la capacidad en el campo civil, la capacidad para emplearse y la capacidad incluso para otorgar actos médicos, sos aspectos que podemos considerar a la luz de esta instancia del Poder Ejecutivo de promover el voto desde los 16”, dijo el letrado.

“Ahí el proyecto revela algunas consecuencias o contradicciones relativas: como puede ser que los padres tengan el deber alimentario de asistir a los menores hasta los 21 años, e incluso si acredita estudios universitarios hasta la edad de 25 años; segundo, en materia de capacidad para trabajar los menores pueden trabajar a partir de los 18 años de edad, o a partir de los 16, pero con asistencia o autorización de los padres, salvo que tuviera título habilitante. Eso debemos tenerlo en cuenta para evaluar este proyecto: ¿El menor que va a asistir a votar debería ir con asistencia de sus padres, tutores, guardadores?” ejemplificó.

En cuanto al tema de la salud, Pereyra citó la Ley de Salud Sexual Reproductiva, que “autoriza al menor a recibir información sobre métodos anticonceptivos y a recibir un tratamiento a partir de los 14 años sin consentimiento de los tutores: si puede recibir un fármaco anticonceptivo ¿Por qué no podría votar a los 16?”.

Con los ejemplos, el abogado concluyó: “Hay una serie de aristas para considerar y para uniformizar un régimen que revele si los menores son capaces o no. ¿Por qué no acomodar la currícula de los planes de estudio de los colegios secundarios, para fomentar la educación para democracia previendo que van a votar a los 16 años y en todo caso graduar la posibilidad y que no voten en esta elección, quizá si en 2015 o 2019?”.