Para el legislador justicialista, “esta iniciativa de ley, además de ambiental, tiene una finalidad política: defender los recursos estratégicos provinciales y preservarlos para las próximas generaciones. Debe ser una herramienta destinada a contribuir a un proceso de mejoramiento de la grave situación actual, generando políticas de Estado en beneficio de los futuros habitantes de Santa Cruz”.

Al sancionarse la ley, todos los involucrados en tareas extractivas deberán presentar para su aprobación un proyecto de intervención del suelo que observe criterios para minimizar la fragmentación de los ecosistemas en las áreas por afectar o ya afectadas para el desarrollo de actividades de explotación de los recursos naturales.

Todo esto se hará acompañando los planes de intervención con imágenes satelitales que deberán actualizarse en forma anual y que posibilitarán el seguimiento y control de la actividad. Cualquier nuevo emprendimiento que no cuente con una apropiada planificación, verá prohibido el inicio de sus obras.

Legislación

La finalidad del proyecto apunta a complementar y potenciar la legislación vigente, al tiempo que impulsa una planificación integral de las áreas para reducir los impactos en el ambiente. También suma exigencias para el desarrollo de procesos de restauración a través de la construcción de nuevos ecosistemas, mientras se perfeccionan los controles que, de este modo, potencian la capacidad de exigencia del Estado provincial.

Según Paiva, “aspiramos a realizar una restauración ecológica para recuperar los ambientes degradados mediante la elaboración y la aplicación de planes de acción, orientados a la promoción y recuperación de especies amenazadas”, mientras se busca “impedir y controlar la introducción de especies exóticas que amenacen hábitats y especies en las áreas afectadas por la explotación de recursos naturales”.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, que deberá convocar a entidades y organizaciones para conformar un Consejo Consultivo de diez miembros que asesore y contribuya con el estudio, análisis y evaluación de los proyectos de intervención y colaborar con el seguimiento de los planes de restauración y su ejecución.

De este modo se amplía la participación a sectores representativos que podrán promover la toma de conocimiento y control social de los emprendimientos extractivos. Para el autor, “la política no sólo debe atender intereses económicos o resolver los problemas del día a día, también debe cuidar la naturaleza resguardando nuestro futuro”.

Martín Paiva recordó que “zonas próximas a Las Heras, Pico truncado y Cañadón Seco, sufren daños irreversibles por procesos naturales. De allí que una vez finalizada la actividad de explotación de los recursos no renovables será imposible desarrollar actividades económicas a partir del uso del suelo”.

“Ante esta realidad –prosiguió- corresponde preguntarnos cuál es nuestro compromiso político con las futuras generaciones de estas comunidades, y saber si somos capaces de resolver los conflictos de justicia ambiental en favor de ellas. Por eso, nos corresponde defender la conservación de la biodiversidad y sustento humano para equilibrar la valoración sólo monetaria que mayormente realizan los proyectos de explotación, que únicamente priorizan las ganancias económicas”.

“Es esencial sancionar esta Ley, cuya implementación no requiere inversión alguna del Estado, para que, finalizada la actividad de explotación sobre un recurso no renovable, los ambientes queden en condiciones para desarrollar actividades productivas. De lo contrario, quedará condicionado el desarrollo futuro de Santa Cruz, donde los perjuicios siempre son mayores para los más humildes”, sentenció Paiva.